Hace dos meses comenzó a regir la Ley de Protección al
Empleo, elaborada a raíz de las restricciones sanitarias surgidas por la
pandemia de Covid-19, con el objetivo de proteger a los trabajadores a través
del acceso al seguro de cesantía.
Según una encuesta realizada por Buk -software
integral de gestión de personas-, con más de 200 organizaciones de diversos
rubros, un 26% de éstas se han acogido a esta normativa, de las cuales un 75%
de las empresas corresponden a la industria de turismo, seguido por las de
construcción con un 47% y de retail con un 42%.
Al contrario, los sectores que menormente se han
acogido corresponden al agrícola, minero y de servicios jurídicos con 0%,
seguidos por los financieros, educación, tecnología, transporte y consultoría,
todas con menos de un 20%.
Según los datos arrojados, el CEO de Buk, Jaime
Arrieta, indicó que “respecto a la información obtenida en esta muestra,
el principal motivo para acogerse a la nueva Ley de Protección al
Empleo fue porque las compañías están recibiendo menores ingresos, lo cual les
ha afectado para el pago de sueldos”.
Continuó indicando que “en el caso de los sectores de
la construcción y retail, existe otra variable importante. Al ser empresas
manufactureras o de fabricación, se vuelve más compleja la posibilidad de
realizar el trabajo en la misma sucursal o instalación, y no aplica el trabajo
a distancia, por lo que muchas de ellas, han tenido que cerrar y acogerse a
esta normativa”.
Respecto al tamaño de las organizaciones acogidas a la
ley, un 40% de la muestra corresponden a pequeñas y micros empresas (con 1 a 50
empleados). Le siguen las grandes compañías (más de 1000 personas), con un 30%.
El ejecutivo indicó que “esta pandemia está afectando
de gran forma a las compañías de menor tamaño. En esta encuesta casi la mitad
de quienes hacen uso de esta normativa son micro o pequeñas empresas, las que buscan
evitar despidos y apoyar a sus colaboradores en estos complejos momentos”.
Continuando con los resultados respecto al tamaño de
las organizaciones que se acogieron a esta normativa. En el caso de la
construcción un 78% corresponden a micro y pequeñas respectivamente y en el de
Retail, un 63% corresponde a grandes empresas.
En relación a los principales cargos a quienes se les
aplicó esta ley, corresponden a profesionales, vendedores y administrativos.
Por su parte a los que menos fueron acogidos son aquellos que trabajan en
servicios personales y de seguridad, así como también operadores.
¿Solicitud de la autoridad o mutuo acuerdo?
Del total de las empresas de la muestra, un 21% tuvo
que acogerse por acto de la autoridad, de las cuales un 50% corresponde
principalmente las micro y pequeñas empresas y un 30% corresponde a compañías
de más de mil colaboradores. Dentro de la industria de la Construcción, un 44%
de las empresas se vieron obligadas a acogerse por acto de autoridad, asimismo
en el rubro del Retail, este porcentaje fue de un 25%.
Por su parte, un 79% se acogieron a esta normativa por
mutuo acuerdo. De estas, un 38% corresponde a empresas con menos de 50
trabajadores, donde destaca el rubro de Salud. Un 30% corresponde a empresas de
más de mil personas y un 14% a medianas empresas, donde destaca el Turismo y
Manufactura.
De quienes se acogieron al pacto de mutuo acuerdo, un
49% lo hicieron sólo por suspensión, 5% sólo por reducción de jornada laboral y
un 46% utilizaron ambas modalidades. Un 64% de quienes se acogieron a la
suspensión, fueron micro y pequeñas compañías y un 35% de las acogidas a ambas
modalidades fueron las grandes.
Finalmente, un 22% de los encuestados indicó que ha
habido desvinculaciones en su empresa debido a la pandemia del Covid-19, siendo
las industrias más afectadas la de transporte (40%) y alimentos (38%).
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