Chile lleva años entrampado en
debates sobre crecimiento, inversión y productividad sin hacerse la pregunta
verdaderamente decisiva: ¿cómo se financiarán las viviendas, las empresas y los
proyectos estratégicos durante las próximas décadas?
La reforma al mercado de capitales presentada
por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofrece una respuesta concreta y
oportuna.
Su relevancia no se agota en
un paquete técnico de más de treinta medidas, sino en su vocación de corregir
fallas estructurales que hoy limitan la capacidad de transformar el ahorro en
inversión productiva y el esfuerzo de las familias en patrimonio duradero.
Cuando el mercado de capitales
pierde profundidad, el costo del crédito sube, las alternativas escasean y los
horizontes de inversión se acortan inevitablemente. El primer síntoma crítico
de este desgaste lo vemos en el acceso a la vivienda.
La política pública ha
insistido en subsidios y ayudas directas que, siendo indispensables, resultan
insuficientes ante la falta de financiamiento hipotecario de largo plazo
compatible con los ingresos reales de los hogares.
Frente a ello, la creación del
Fondo Nacional para la Vivienda y el mecanismo de Ahorro Voluntario apuntan al
nudo del problema: inyectar liquidez para restablecer un circuito de
financiamiento sostenible y premiar la constancia del ahorro familiar, devolviendo
a la clase media y a las nuevas generaciones la posibilidad real de acceder a
un techo propio.
Un segundo desafío urgente es
la desbancarización del emprendimiento. Nuestra economía no puede seguir
dependiendo de un esquema donde las empresas se financian casi exclusivamente
mediante deuda bancaria tradicional.
Este modelo castiga en
particular a las medianas empresas, a la innovación y a los proyectos
intensivos en conocimiento, los cuales rara vez cuentan con las garantías
físicas que exige la banca tradicional.
Abrir la puerta a emisiones
simplificadas, instrumentos a la medida de firmas de menor escala y un segmento
bursátil de crecimiento permitirá que el capital apueste por el valor futuro y
el potencial de una idea, y no solo por los activos acumulados en el pasado.
Esta modernización requiere, a
su vez, una regulación adaptada a los tiempos. Un marco normativo pensado antes
de la digitalización y de la integración global actúa como un freno para nuevos
competidores y encarece la participación.
La proporcionalidad
regulatoria basada en el riesgo efectivo y la simplificación de procesos deben
avanzar sin debilitar la fiscalización, encontrando un balance riguroso en
áreas sensibles como el combate a los fraudes bancarios: sancionar con
celeridad los abusos sin trasladar injustamente los costos a las víctimas
reales ni encarecer el crédito para el resto del sistema.
Asimismo, Chile tiene las
condiciones institucionales, el capital humano y la madurez regulatoria para
consolidarse como plataforma regional de servicios financieros.
Si se remueven las trabas
tributarias y administrativas a las operaciones internacionales, no solo se
atraerá capital externo, sino que se exportarán servicios especializados, se
generarán empleos de alto valor agregado y se tomará un rol protagónico en la
intermediación financiera regional.
El impacto de esta agenda
dependerá de una coordinación técnica y rigurosa sujeta a una evaluación
constante de resultados.
Frente a problemas complejos no bastan incentivos aislados de corto plazo; se requiere infraestructura institucional capaz de movilizar el ahorro con horizontes de diez, veinte o treinta años. Modernizar el mercado de capitales trasciende lo técnico: es decidir cómo queremos financiar el futuro y el desarrollo de Chile.
.png)
.jpg)
.jpg)
