Pagos online: en qué fijarse para no pagar de más ni caer en fraudes

El uso de pagos digitales en Chile crece con fuerza y ya supera a varias economías europeas. Según el Banco Central de Chile, las transacciones se han más que cuadruplicado en la última década, alcanzando 374 operaciones por persona al año, por encima de países como España, Italia y Alemania.

Este crecimiento ha venido acompañado de una mayor sofisticación en los modelos de cobro y en los estándares de seguridad. No obstante, persisten brechas de información entre los usuarios respecto de los costos, las responsabilidades y el nivel de protección frente a eventuales fraudes.

Cómo se estructuran los costos en los portales de pago

En términos de costos, los portales de pago generan ingresos principalmente a través de comisiones por transacción, cuyo monto varía según el medio de pago y la cantidad de intermediarios involucrados. En pagos con tarjeta participan más actores - emisores, marcas y procesadores, y eso encarece la operación; en cambio, las transferencias electrónicas suelen ser más eficientes y con menores comisiones al ser más directas.

En este escenario, algunas plataformas han optado por modelos más flexibles, sin cobros de integración ni mantención, y con tarifas asociadas sólo a transacciones exitosas. Al respecto, Rodrigo Cornejo S, gerente comercial y socio de Otrospagos.com, señala que la comisión por este servicio puede ser asumida por el comercio o por el usuario final, lo que refuerza la importancia de transparentar el desglose de costos antes de confirmar el pago.

¿Qué tan seguros son hoy los portales de pago?

“En materia de seguridad, la industria ha avanzado hacia la adopción de estándares internacionales como PCI DSS e ISO 27001, junto con el fortalecimiento de mecanismos de autenticación. A esto se suma un entorno regulatorio más exigente: la nueva Ley de Protección de Datos Personales (21.719), que entra en vigor el 1 de diciembre de este año y que obligará a las empresas a elevar sus prácticas de resguardo, gestión y trazabilidad de la información”, explica Cornejo.

Respecto de la responsabilidad ante fraudes, el modelo es compartido. Los bancos y emisores mantienen un rol central como custodios de la información financiera y responden frente a transacciones no reconocidas, mientras que las pasarelas de pago deben garantizar la integridad de sus sistemas. “No obstante, el usuario sigue siendo un eslabón crítico en la prevención, especialmente frente a amenazas como phishing, suplantación de identidad y sitios fraudulentos”, agrega el gerente de Otrospagos.com

El ejecutivo también destaca que el uso de dispositivos móviles para pagos es un canal seguro, siempre que se tomen ciertas precauciones, como utilizar aplicaciones oficiales o sitios confiables, mantener el dispositivo actualizado y protegido con sistemas de bloqueo de pantalla.

“Donde sí se debe extremar el cuidado es en el uso de redes Wifi públicas, ya que suelen ser menos seguras y, si no están protegidas, pueden exponer información sensible como datos de pago”, advierte.

Derechos legales de los consumidores en Chile frente a cobros indebidos

En Chile, los consumidores cuentan con derechos claros frente a cobros indebidos, respaldados por la Ley del Consumidor, que establece la posibilidad de exigir la devolución de montos cobrados por error o sin consentimiento. En estos casos, se puede reclamar directamente al banco o comercio correspondiente y solicitar la restitución del dinero. Si no hay respuesta, también es posible acudir al SERNAC o, en última instancia, a instancias judiciales.

Según explica el ejecutivo de Otrospagos.com, hoy las estafas más comunes en pagos digitales son el phishing, las páginas falsas de pago y las transferencias urgentes con suplantación de identidad. Para evitarlas, recomienda revisar la URL, verificar el remitente y nunca compartir claves ni códigos de seguridad.

Respecto a pagos no reconocidos, señala que actualmente la mayoría de las operaciones son digitales y trazables. “Ante un desconocimiento, lo primero es revisar el comprobante, sus datos y los movimientos asociados; luego, contactar al comercio o al medio de pago para levantar el caso”, recalca.

En un escenario de creciente digitalización financiera, la transparencia en los costos, la solidez tecnológica y la educación del usuario se consolidan como pilares clave para mantener la confianza en el ecosistema de pagos.

Acerca de Otrospagos.com

OtrosPagos.com es una plataforma chilena de pagos online que permite centralizar el pago de distintos servicios en un solo lugar, especialmente aquellos que no siempre están disponibles en la banca tradicional, como arriendos, gastos comunes, educación o seguros. Funciona como un intermediario de recaudación, ofreciendo distintos medios de pago digitales.

Abogadas comentan sobre importantes cambios de la jornada laboral a 42 horas

 Este domingo 26 de abril comenzó a aplicarse una nueva etapa de la Ley 21.561, más conocida como la Ley 40 Horas, y que beneficiará a miles de trabajadores y trabajadoras del país. 

De esta manera, se implementará una nueva fase en la norma impulsada durante el Gobierno de Gabriel Boric con la reducción de la jornada laboral a 42 horas. Cabe señalar que la rebaja total de las horas laborales por semana se alcanzará en 2028. 

Hay que recordar que la medida rige para todos los trabajadores cuya relación laboral se encuentra íntegramente regulada por el Código del Trabajo, por lo que incluye a la mayoría de los trabajadores del sector privado que poseen un contrato laboral fijo.

La normativa no se aplica de manera automática a los funcionarios públicos (planta, contrata, honorarios), los que están regulados a través de estatutos administrativos y tampoco rige para los trabajadores a honorarios. 

Asimismo, la ley acotó el universo de personas sin límite de jornada, contemplado en el artículo 22. En adelante, esta excepción se restringe a quienes ocupan cargos de alta dirección o a aquellos cuyas labores no permiten una supervisión directa, debido a la naturaleza de sus funciones. 

Ante la implementación de esta ley, surgen dudas para las personas que realizan el trabajo de forma remoto. Cristina Melo, abogada laboral, detalló que "si haces teletrabajo, también te corresponde la reducción, salvo que trabajes con total autonomía, sean evaluados por resultados o metas, y sin supervisión directa. Eso se analiza caso a caso". 

A solo días de que miles de trabajadores en Chile vean un cambio concreto en su rutina laboral muchos aún no tienen claro cómo funcionara y cómo funcionarán sus horarios de salida, distribución de la jornada y derechos asociados. 

Cecily Halpern, especialista en derecho laboral y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, y Cristina Melo, abogada laboral, abordaron la nueva fase de esta importante norma para los y las trabajadoras. 

1.- Tu sueldo no puede bajar: Halpern indicó a Diario Usach que "esta rebaja de la jornada es sin disminución de la remuneración, queda intacta". Por otro lado, Melo "menos horas no significa menos sueldo. La ley lo prohíbe expresamente. Si tu empleador te rebaja la remuneración con este argumento, está infringiendo la ley". 

2.- La colación no se toca: Ambas abogadas laborales son enfáticas en aclarar que las empresas no pueden realizar esta acción para "acomodar" el horario. Melo planteó que "algunos empleadores podrían intentar recortarte minutos de almuerzo para “completar” la reducción, pero es ilegal. La rebaja debe ser una disminución real del tiempo de trabajo, no un truco contable". Por otro lado, la abogada Usach aseguró que "no pueden quitarte la hora destinada a la colación para efectos de aplicar esta modificación legal". 

3.- No es solo decisión del jefe: Cristina Melo explicó que "lo ideal es llegar a un acuerdo. Pero si no lo hay, el empleador debe reducir al menos una hora completa en un día específico de la semana. No puede distribuir los minutos como quiera". 

Por otro lado, Cecily Halpern señaló que "si no hay acuerdo con el trabajador ni con el sindicato para solucionar el tema, la interpretación de la dirección del trabajo dice que el empleador deberá determinarla reduciendo la jornada en una hora en dos días cuando la jornada está distribuida en cinco días a la vez.

 En jornadas distribuidas en seis días deberá implementarse mediante la disminución de cincuenta minutos al término de la jornada en dos días distintos y la fracción de veinte minutos en un tercer día.

 De esta manera, si no hay acuerdo:  

• Jornadas de 5 días: Se debe reducir una hora al término de la jornada en dos días distintos.
• Jornadas de 6 días: Se aplica el sistema: 50 minutos menos en dos días/ 20 minutos menos en un tercer día. 

La DT enfatiza que estas rebajas deben aplicarse en bloques definidos y al final de la jornada, descartando su fraccionamiento en minutos diarios sin acuerdo.  

4.- Se puede acudir a la Dirección de Trabajo: Cecily Halpern indicó que "siempre está la posibilidad del trabajador de recurrir a la Dirección del Trabajo para que resuelva si hay controversia o si no se está aplicando correctamente el dictamen y también tiene obviamente la posibilidad de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia laboral". 

Por otro lado, la abogada laboral Cristina Melo aseveró que "las empresas que no apliquen la reducción pueden ser multadas por la Dirección del Trabajo, con sanciones que aumentan según su tamaño". 

5.- Cómo queda el contrato: La académica Usach detalló que "no es necesario que quede estipulado en el contrato de trabajo la reducción a 42 horas, porque la ley laboral es irrenunciable y se incorpora a los contratos de trabajo, aunque igual es bueno que se incorpore cuáles son los días en que se realizará la rebaja de las horas que corresponden ahora".  

Una opinión parecida tiene Cristina Melo, quien afirmó que es mejor que todo quede por escrito. "Pídelo en un anexo y guarda tu copia", acotó.

Se inició en Coquimbo a la temporada de exportaciones de cítricos a Estados Unidos

Con una visita al Sitio de Inspecciones SAG/USDA-APHIS/Frutas de Chile, autoridades y representantes del sector privado dieron el vamos a los envíos desde la región. 

Coquimbo 24 de abril de 2026.- Con un recorrido por el Sitio de Inspecciones fitosanitarias en Coquimbo, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Domingo Rojas Philippi; el Gerente General de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría; el Seremi de Agricultura, Vicente Cortés; y representantes de la Sociedad Agrícola del Norte, junto a productores locales y funcionarios SAG, oficializaron el inicio de la temporada de exportaciones de cítricos hacia Estados Unidos.

Durante la actividad, las autoridades relevaron la importancia estratégica de este Sitio de Inspecciones para la economía regional, especialmente en una temporada que se ha visto desafiada por la presencia de brotes de mosca de la fruta.

 En este contexto, el correcto funcionamiento de la infraestructura y la coordinación público-privada resultan claves para asegurar el cumplimiento de los protocolos exigidos por el mercado estadounidense y resguardar el patrimonio fitosanitario del país.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, señaló que “como parte del compromiso del Ministerio con el desarrollo exportador de la Región de Coquimbo, hoy se marca el inicio oficial de la temporada de exportación de cítricos hacia Estados Unidos.

Desde este sitio de inspección fitosanitaria, fruto de la alianza entre el SAG, el USDA y Frutas de Chile, reafirmamos que la seguridad y calidad de nuestros productos son nuestra mejor carta de presentación.

Este encuentro subraya que la sinergia entre el Estado y los productores es el motor fundamental para que nuestra actividad silvoagropecuaria siga posicionándose con éxito en los mercados internacionales más exigentes".

El director nacional del SAG, Domingo Rojas, quien se encuentra en la región, señaló que “estamos muy satisfechos con esta visita y con ver este sitio de inspección en plena operatividad.

 Entendemos la importancia estratégica de la Región de Coquimbo, la cual posee una vasta superficie de cítricos cuyo destino principal es el mercado de Estados Unidos; por ello, resulta fundamental mantener canales de comunicación fluidos y eficientes entre todos los actores de la cadena exportadora”.

Además, el director Domingo Rojas agregó que “respecto a la situación sanitaria, nos ocupa prioritariamente la contingencia de la mosca de la fruta. Estamos desplegando todos nuestros esfuerzos técnicos y humanos para resolver este escenario a la brevedad posible.

Tenemos la convicción de que el trabajo conjunto y la comunicación cercana con el sector privado son las herramientas clave que nos permitirán superar estos desafíos de manera efectiva, contando siempre con el respaldo y compromiso de los productores”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Víctor Pino, en una reunión sostenida, indicó que “Iniciamos la temporada de exportaciones de cítricos en el Sitio de Inspecciones SAG - USDA, a pesar de las complicaciones que ha generado la presencia de mosca de la fruta en los agricultores de la comuna de Monte Patria y en Pan de Azúcar, en Coquimbo.

 El Servicio Agrícola y Ganadero está otorgando las facultades necesarias para continuar con las exportaciones y, a su vez, las plantas han adoptado los resguardos pertinentes para evitar la diseminación de esta plaga”.

Desde el ámbito del sector exportador, el Gerente General de Frutas de Chile, Miguel Canala – Echeverría, agregó que "hemos sostenido reuniones con productores de la región para abordar la habilitación de esta instalación bajo una doble condición; es decir, que podamos inspeccionar simultáneamente fruta proveniente de zonas reglamentadas y de zonas libres.

Iniciaremos estos trabajos la próxima semana y esperamos tener las habilitaciones operativas en un plazo no mayor a diez días. Para ello, ya hemos llegado a un entendimiento con el SAG y el USDA respecto a las modificaciones de infraestructura necesarias para operar bajo ambas modalidades”.

Así también, Alejandra Marín, gerente de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), indicó que “como gremio, valoramos profundamente el trabajo realizado por el SAG; de hecho, siempre hemos mantenido nuestra total disposición para brindar los apoyos que sean necesarios.

En ese sentido, nos parece muy positivo que el Director Nacional visite la región para conocer en terreno la realidad del proceso exportador".

Durante el año 2025, a través del Sitio en Coquimbo se inspeccionaron un total de 7.106.136 de cajas, lo cual corresponde a un aumento porcentual de 82,6% de cajas, respectivamente, comparado con la temporada 2024. 

Open Finance en Chile: del diseño regulatorio a la implementación real

 Por Juan Manuel Jiménez

Responsable de Open Finance de Minsait (Indra Group) en Región Andina y Cono Sur

Chile está entrando en una etapa decisiva en la transformación de su sistema financiero. Tras la promulgación de la Ley Fintec y el desarrollo del marco regulatorio que da forma al Sistema de Finanzas Abiertas, el país comienza ahora la fase más importante: la implementación real de este nuevo modelo.

Uno de los hitos que marca este paso es el inicio de operaciones del sandbox tecnológico, un entorno de pruebas supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que permitirá a bancos, fintechs y otros actores del ecosistema comenzar a validar en la práctica cómo funcionará el intercambio de información financiera entre instituciones.

En términos simples, el sandbox funciona como un laboratorio del sistema financiero. En este espacio, las organizaciones pueden probar cómo interoperarán sus sistemas, cómo se gestionará el consentimiento de los usuarios y cómo se integrarán las APIs, que son las interfaces que permiten que distintas instituciones conecten sus sistemas e intercambien información de forma segura, estandarizada y con autorización del usuario. 

Esto permite reducir riesgos antes de que el sistema entre plenamente en producción y facilita que la industria avance con mayor coordinación. Pero este proceso no se sostiene únicamente sobre pruebas.

También requiere un marco técnico claro que permita a todas las instituciones operar bajo un mismo estándar.

En ese contexto, la publicación del Anexo Técnico N°3 del Sistema de Finanzas Abiertas representa un paso fundamental para el ecosistema. El Anexo 3 traduce los principios regulatorios del modelo de finanzas abiertas en especificaciones técnicas concretas. 

En otras palabras, establece cómo deben conectarse las instituciones, qué estándares deben cumplir y de qué manera se gestionará la seguridad, la autenticación y el consentimiento de los usuarios dentro del sistema.

Su importancia radica en que convierte la regulación en capacidades operativas.

Define elementos como los mecanismos de intercambio de información entre instituciones, los modelos de autenticación entre participantes, los flujos de consentimiento de los usuarios y los estándares de seguridad que permitirán garantizar que el sistema funcione de manera confiable.

Este tipo de definiciones técnicas son esenciales porque Open Finance no es solo una iniciativa regulatoria. Es, ante todo, una infraestructura tecnológica compleja que requiere altos niveles de interoperabilidad, seguridad y estandarización entre múltiples actores.

Donde el modelo empieza a tomar forma

En este nuevo modelo aparecerán además distintos roles dentro del ecosistema. Algunas instituciones actuarán como proveedores de información financiera, otras ofrecerán servicios basados en esos datos, y otras podrán iniciar pagos u ofrecer nuevos servicios digitales a los clientes. Para que este modelo funcione, todos los participantes deben operar bajo reglas comunes que permitan conectar sussistemas de forma segura.

El sandbox permite a las organizaciones entender en la práctica qué implica desempeñar estos roles. Participar en este entorno permitirá a las entidades identificar qué capacidades tecnológicas deben desarrollar, cómo gestionar el consentimiento de los clientes y cómo interactuar con otros participantes del sistema.

Este proceso también obliga a las instituciones a revisar sus modelos internos de gobernanza y coordinación. La implementación de Open Finance no es únicamente un desafío tecnológico; implica también cambios organizacionales relevantes. Las entidades deberán coordinar equipos de negocio, tecnología y cumplimiento regulatorio para desarrollar nuevos casos de uso y modelos de servicios basados en datos financieros.

Un elemento adicional que las instituciones deberán considerar es que la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas está ocurriendo en paralelo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile.

Esto exige que las organizaciones desarrollen capacidades robustas para la gestión de datos y consentimientos, asegurando que ambos marcos regulatorios evolucionen de forma alineada.

Más allá de los desafíos técnicos y regulatorios, el potencial de Open Finance es significativo. Para los usuarios, este modelo puede habilitar experiencias financieras más simples, transparentes y personalizadas. Para el ecosistema financiero, abre la puerta a una mayor competencia, innovación y desarrollo de nuevos servicios digitales.

La experiencia internacional muestra que el éxito de los sistemas de finanzas abiertas depende en gran medida de la calidad técnica de su implementación.

Países como el Reino Unido o Brasil han demostrado que contar con estándares claros y arquitecturas bien diseñadas es clave para que el ecosistema pueda escalar de manera sostenible.

En este sentido, Chile tiene una oportunidad importante. Si logra consolidar un modelo robusto, alineado con estándares internacionales y con una implementación técnica sólida, puede posicionarse como uno de los referentes regionales en el desarrollo de infraestructuras de finanzas abiertas.

El desafío ahora es avanzar desde la preparación hacia la implementación efectiva. El sandbox tecnológico y el Anexo Técnico N°3 ofrecen las herramientas para hacerlo. Corresponde ahora a la industria aprovechar este espacio, preparar sus infraestructuras y comenzar a construir, en conjunto, el futuro del sistema financiero digital en Chile.

Alza de combustibles: cuando el mercado tensiona los límites de la protección al consumidor

Por Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación UNAB.

 El persistente aumento en los precios de los combustibles ha dejado de ser una mera variable macroeconómica para convertirse derechamente en un fenómeno de alto impacto cotidiano. 

El encarecimiento de la gasolina, el diésel y el gas licuado no solo afecta el bolsillo de los consumidores, sino que tensiona directamente los principios que inspiran el Derecho del Consumidor y el sistema de libre competencia, colocando bajo escrutinio el rol del Estado y, en particular, de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). 

Desde la óptica del consumidor final, el combustible tiene una característica muy singular y particular, toda vez que no es un bien prescindible. Su demanda es altamente inelástica, especialmente en un país con fuerte dependencia del transporte carretero y con alternativas de movilidad aún insuficientes en gran parte del territorio como lo es Chile.

 En este contexto, cada alza se traduce automáticamente en un aumento del costo de la vida, afectando no solo a quienes cargan combustible, sino también a los precios de bienes y servicios esenciales. El consumidor no elige pagar más; simplemente no puede dejar de consumir. 

El Derecho del Consumidor chileno, estructurado en torno a la Ley N° 19.496, se apoya en principios como la información veraz y oportuna, la protección contra cláusulas abusivas y la reparación del daño, sin embargo, frente al alza de los combustibles, estas herramientas muestran sus límites dado que el problema no está, en general, en la falta de información sobre el precio sino en la imposibilidad real de elección. Cuando todos los oferentes suben los precios de manera paralela, la libertad de elección, pilar del consumo informado, se transforma en una ficción. 

Es aquí donde la discusión se desplaza desde el Derecho del Consumidor hacia el Derecho de la Libre Competencia. La pregunta relevante no es solo si los precios suben, sino por qué suben y cómo se forman. La estructura concentrada del mercado de distribución de combustibles, sumada a la integración vertical y a mecanismos de precios poco transparentes para el consumidor, genera un terreno fértil para cuestionamientos legítimos sobre el nivel real de competencia. 

Desde la perspectiva de la Fiscalía Nacional Económica, el foco no está en el precio en sí mismo -pues no existe control de precios en un sistema de economía de mercado-, sino en descartar conductas anticompetitivas como colusión, abusos de posición dominante o intercambios de información sensible. 

Así, la FNE ha sido consistente en señalar que los mercados concentrados no son ilegales per se, pero sí requieren un escrutinio más intenso, especialmente cuando los efectos recaen sobre bienes esenciales. 

No obstante, para el ciudadano común, esta distinción técnica resulta poco satisfactoria e incluso, imperceptible. Para el consumidor, el alza constante del combustible se percibe como una falla sistémica del mercado, independientemente de si existe o no una infracción concreta al Decreto Ley N° 211 y es acá donde emerge un desafío institucional que se centra en cómo compatibilizar el rigor jurídico-económico con una demanda social creciente por mayor protección y sensación de justicia económica. 

La FNE cumple un rol clave, pero necesariamente limitado. Su mandato es perseguir y sancionar atentados contra la libre competencia, no corregir desigualdades estructurales ni amortiguar “shocks” externos de precios. 

Pretender que la Fiscalía resuelva por sí sola el problema de los combustibles es desconocer su función institucional, sin embargo, sí se le puede exigir una vigilancia proactiva, estudios de mercado robustos y propuestas regulatorias que contribuyan a mejorar la transparencia y dinamismo del sector. 

Desde el Derecho del Consumidor, el desafío es similar y el desafío es avanzar desde una protección individual hacia una mirada más colectiva y preventiva, por lo que las acciones colectivas, el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y una mayor coordinación con los órganos reguladores de la competencia pueden contribuir a equilibrar una relación que hoy se percibe asimétrica. 

En definitiva, el alza de los combustibles revela una tensión constante entre mercado, regulación y protección del consumidor lo cual no se trata de demonizar el funcionamiento del mercado ni de exigir soluciones simplistas, sino de reconocer que cuando los precios de bienes esenciales suben de manera sostenida, el sistema jurídico-económico en su conjunto queda bajo examen. En ese juicio, tanto el Derecho del Consumidor como la Fiscalía Nacional Económica tienen un rol que cumplir, pero también límites que el debate público debe comprender sin renunciar a exigir respuestas.

El oro se consolida como refugio en Chile en medio de la incertidumbre global

 En un contexto global tensionado por conflictos internacionales, presiones inflacionarias y volatilidad en los mercados, el oro ha retomado protagonismo como uno de los activos más observados por gobiernos, instituciones y personas.

En los últimos años, la demanda por oro físico ha crecido de manera sostenida, impulsada, entre otros factores, por la compra estratégica de bancos centrales que han duplicado su adquisición de oro físico como parte de sus reservas, en una búsqueda por diversificar sus activos y reducir su exposición a monedas tradicionales.

Este escenario internacional tiene un correlato cada vez más visible en Chile. Durante los últimos siete años, el acceso al oro físico se ha democratizado, permitiendo que personas naturales, más allá de grandes inversionistas, comiencen a incorporar este activo como parte de sus estrategias de resguardo.

La posibilidad de adquirir lingotes o piezas de menor escala ha contribuido a abrir un mercado que históricamente parecía lejano para el público general.

Desde esta transformación del mercado, Juan Carlos Cano, subgerente comercial de Aurus Joyería, ha seguido de cerca la evolución del comportamiento de los clientes y el creciente interés por el oro como herramienta financiera.

“El oro está dejando de ser percibido exclusivamente como un bien asociado a la joyería o a grandes patrimonios, y comienza a ocupar un rol más estratégico en la protección del capital. Hoy vemos cómo cada vez más personas lo consideran dentro de sus decisiones financieras, no necesariamente buscando rentabilidad inmediata, sino estabilidad en el tiempo”, explica Cano.

A diferencia de otros instrumentos, el oro posee características que explican su comportamiento en escenarios de incertidumbre: es un activo físico, escaso, no depende de la emisión de gobiernos ni de políticas monetarias, y no está expuesto al riesgo de contraparte.

En términos prácticos, esto significa que, mientras otros activos pueden verse afectados por decisiones económicas o eventos externos, el oro tiende a mantener su valor relativo en el largo plazo.

Desde una perspectiva patrimonial, su rol no está necesariamente en generar altas rentabilidades en el corto plazo, sino en equilibrar portafolios frente a escenarios adversos.

Históricamente, su comportamiento ha mostrado una tendencia a fortalecerse en contextos donde otros activos pierden valor, lo que lo posiciona como una herramienta de diversificación más que de especulación.

Este cambio también se refleja en el perfil de quienes hoy acceden al oro en Chile. Según explican desde Aurus Joyería, si bien continúan existiendo inversionistas que adquieren grandes volúmenes, se ha observado un crecimiento sostenido de compradores minoristas, que optan por piezas más pequeñas o lingotes como una forma de resguardar ahorros en el tiempo.

“Lo que estamos viendo es una ampliación del perfil de cliente. Hoy no solo participan inversionistas tradicionales, sino también personas que buscan proteger su patrimonio frente a la incertidumbre. Esa democratización del acceso ha sido clave para entender el crecimiento que está teniendo el oro en el país”, agrega Cano.

En paralelo, el mercado local también ha evolucionado en términos de oferta y modelos de negocio.

 En el caso de Aurus Joyería, su operación combina la compra y reciclaje de oro con procesos de refinamiento y comercialización, permitiendo establecer precios alineados al valor internacional del metal y ofreciendo alternativas como la recompra o acuerdos de retroventa, lo que entrega mayor flexibilidad y transparencia a quienes transan este tipo de activos.

En este contexto, el oro no solo recupera su valor histórico como símbolo, sino que también refuerza su rol como herramienta financiera en escenarios complejos.

En un entorno donde la incertidumbre se ha vuelto parte del paisaje económico, su capacidad de mantener valor en el tiempo sigue posicionándolo como una de las referencias más estables dentro del sistema, con un crecimiento sostenido tanto en la demanda global como en la participación de nuevos perfiles de compradores en Chile.

Para mayor información visita www.aurusjoyeria.cl y síguenos en Instagram: @aurusjoyeria y TikTok @aurusjoyeriacl.

Acerca de Aurus Joyería

Aurus Joyería es una empresa con presencia en todo el país, integrada al grupo Farallones Holding, que se dedica a la compra, venta y comercialización de oro y joyas certificadas.

Con una red de 78 tiendas a nivel nacional y operaciones online, ofrece opciones de compra y venta de oro bajo distintas modalidades, comercialización de joyas de oro 18K, fabricación de lingotes de oro para inversión y comercialización de monedas de oro nacionales y extranjeras, combinando presencia física y respaldo digital para una experiencia confiable y transparente.

Su misión es facilitar a las personas procesos seguros y accesibles para comprar, vender e invertir en oro con altos estándares de servicio, transparencia y atención, apoyados por una amplia cobertura territorial y canales digitales que fortalecen la confianza del cliente.

Operación Renta 2026 entra en fase clave: expertos advierten riesgos por postergar la declaración

A casi dos semanas del inicio del proceso, la Operación Renta 2026 comienza a entrar en una etapa decisiva, marcada por un aumento en el flujo de declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y por el interés de miles de contribuyentes que aún no completan el trámite.

El proceso, iniciado el 1 de abril, contempla distintos plazos según el tipo de contribuyente, concentrándose principalmente entre abril y comienzos de mayo, de acuerdo con el calendario definido por el Servicio de Impuestos Internos.

Uno de los aspectos más relevantes para los contribuyentes es precisamente el calendario de devoluciones, el cual depende directamente de la fecha en que se realice la declaración.

Quienes declaren entre el 1 y el 8 de abril recibirán el pago en forma anticipada el 29 de abril.

Las personas que declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su depósito el 15 de mayo.

Quienes hagan el trámite entre el 24 de abril y el 8 de mayo, tendrán su transferencia el 27 de mayo.

Los pagos con cheque se realizarán, independientemente de la fecha de declaración, el 29 de mayo.

Las fechas indicadas corresponden al calendario referencial informado por el SII, el cual puede variar o verse afectado en casos de observaciones, retenciones judiciales, inconsistencias en la declaración o revisiones posteriores.

En este contexto, expertos advierten que postergar el trámite puede tener consecuencias tanto en tiempos de devolución como en la calidad de la información declarada.

A ello se suma que las declaraciones presentadas en fechas posteriores enfrentan con mayor frecuencia procesos de revisión automática, derivados de cruces de información efectuados después de los primeros ciclos.

Marcelo Sanzana, Docente de la Universidad del Alba, llaman a no confiarse en la amplitud de los plazos y a revisar cuidadosamente la información antes de enviar la declaración.

“Estamos en un momento clave del proceso. Muchas personas creen que pueden dejar la declaración para el final sin mayores efectos, pero lo cierto es que eso aumenta el riesgo de errores y retrasa beneficios como la devolución de impuestos. Declarar temprano hoy es una decisión financiera”, explica el académico.

El especialista enfatiza que, si bien el sistema del SII ofrece propuestas automáticas, estas deben ser revisadas en detalle, especialmente en casos de contribuyentes con ingresos por honorarios, múltiples empleadores o beneficios tributarios.

“La propuesta del SII es una buena base, pero no reemplaza la revisión del contribuyente. Diferencias en ingresos, cotizaciones o beneficios pueden impactar directamente en el resultado final. Un error hoy puede traducirse en fiscalizaciones o pérdida de dinero”, agrega.

Además, recalcan que quienes declaran anticipadamente no solo reducen el riesgo de inconsistencias, sino que también acceden a los primeros ciclos de devolución, lo que en la práctica puede significar recibir recursos semanas antes.

Cabe recordar que la responsabilidad final de lo declarado recae siempre en el contribuyente, aun cuando la información provenga de una propuesta elaborada por el SII.

¿Quiénes deben realizar la declaración de renta?

Si estás en los siguientes casos, tienes la obligación de presentar tu declaración de Renta este año:

Tuviste ingresos anuales superiores al monto exento equivalente a 13,5 UTA, salvo que correspondan exclusivamente a sueldos de un solo empleador

Tuviste más de un empleador o pagador.

Percibiste rentas a honorarios, caso en el cual se debe efectuar el proceso de cotización previsional obligatoria, con posibilidad de optar por el mecanismo gradual establecido en la normativa vigente.

Solicitaste el Préstamo Solidario COVID-19, ya que en la Operación Renta correspondiente se calculan y pagan las cuotas anuales que fija la ley. 

Creaste un emprendimiento en 2025 (recibiste ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios).

En el caso de las empresas, todas tienen que presentar su Declaración de Renta.

Se mantendrá la aplicación de retenciones automáticas para contribuyentes con deudas vigentes por pensión de alimentos y por Crédito con Aval del Estado, conforme a los registros informados a la Tesorería General de la República. 

La Operación Renta se mantendrá activa hasta fines de abril —con extensiones acotadas hacia mayo—, por lo que aún existe margen para cumplir con el proceso, aunque con un llamado claro: evitar la congestión de última hora y realizar una declaración informada y oportuna.

Ojo: año nuevamente se aplicará el procedimiento de retención para los deudores de pensiones de alimentos y del Crédito con Aval del Estado.