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| César Vargas Rojas, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello |
En
los últimos años, Chile ha sido testigo de una expansión sostenida de prácticas
comerciales informales que, lejos de constituir meras irregularidades
administrativas, revelan una preocupante erosión de los pilares del Estado de
Derecho.
La
exhibición de patentes comerciales falsas o fotocopiadas, la venta de productos
sin certificación sanitaria y la débil fiscalización por parte de las
autoridades no son hechos aislados: conforman un fenómeno estructural que exige
una respuesta decidida desde el derecho y la política pública.
En
primer lugar, es necesario despejar cualquier ambigüedad: la utilización de una
patente comercial falsa no es una “viveza” ni una falta menor. Se trata de una
conducta que puede configurar el delito de uso malicioso de instrumento público
falso, además de constituir una infracción administrativa por el no pago de
tributos municipales.
Es decir, estamos frente a una doble
transgresión: se engaña a la autoridad y se vulnera el sistema de
financiamiento local. La señal es clara: quien actúa al margen de la legalidad
obtiene ventajas indebidas en perjuicio del resto de la comunidad.
Pero
el problema no se agota en la conducta de los particulares. Los municipios,
como órganos encargados de la fiscalización, tienen un deber legal ineludible.
Cuando
esta función no se cumple, o se ejerce de manera deficiente, emerge una doble
responsabilidad: administrativa, respecto de los funcionarios que incumplen sus
deberes, y patrimonial, en caso de que la falta de servicio cause daños a
terceros. En otras palabras, la inacción también tiene consecuencias jurídicas,
y el Estado no puede desentenderse de ellas.
La
situación se agrava aún más cuando entran en juego bienes jurídicos sensibles
como la salud y la seguridad de los consumidores.
La
comercialización de productos sin certificación sanitaria o falsificados expone
a las personas a riesgos evidentes, y la normativa chilena contempla sanciones
severas que incluyen multas, clausuras y decomisos. A ello se suman eventuales
responsabilidades penales y civiles, especialmente cuando se vulnera el deber
de información y seguridad en las relaciones de consumo.
Sin
embargo, uno de los mayores déficits del sistema radica en la falta de
coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de fiscalizar y
sancionar estas conductas. Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, autoridades
sanitarias y organismos de protección al consumidor operan, muchas veces, de
manera fragmentada.
Sin una política pública integral que articule
sus esfuerzos, la eficacia del control se ve seriamente limitada. La
informalidad, en ese contexto, encuentra espacios para consolidarse.
Desde
la perspectiva del consumidor, el escenario tampoco es alentador. Aunque
existen derechos claros —como exigir boleta o certificaciones— su ejercicio
efectivo depende, en gran medida, de la capacidad de los ciudadanos para
denunciar y del funcionamiento eficiente de los mecanismos institucionales.
Cuando
la respuesta administrativa es insuficiente, la judicialización aparece como
alternativa, pero no todos los consumidores cuentan con los recursos o el
conocimiento para transitar ese camino.
Finalmente,
no puede obviarse el impacto de estas prácticas en la libre competencia. El
comercio informal, al evadir impuestos y regulaciones, obtiene ventajas
ilícitas frente a quienes cumplen la ley.
Esto
no solo distorsiona el mercado, sino que también desincentiva el cumplimiento
normativo. La posibilidad de configurar actos de competencia desleal en estos
casos es real, aunque su determinación dependerá, en definitiva, de los
tribunales de justicia.
Chile
enfrenta, entonces, un desafío que va más allá de la fiscalización puntual. Se
trata de reafirmar el valor de la legalidad como base de la convivencia social
y del desarrollo económico.
Tolerar
la informalidad no es neutral: implica aceptar un estándar más bajo de
protección para los consumidores, una competencia injusta para los
emprendedores formales y una merma en los recursos del Estado.
La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo sancionar estas conductas, sino cómo construir un sistema que las prevenga eficazmente. Porque cuando la norma pierde fuerza en la práctica, lo que está en juego no es solo el cumplimiento de la ley, sino la confianza en las instituciones que la sostienen.
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