La presentación fue requerida por la comisión
presidida por la senadora Ximena Rincón, en el marco de la discusión sobre el
proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias.
En su intervención, el CFA revisó el nuevo plan de
financiamiento para la iniciativa legal, que ingresó ayer el Ministerio de
Hacienda mediante una serie de indicaciones. En específico, mediante tales
indicaciones se realizaron ajustes en las fuentes de financiamiento y en los
gastos que se presentaron originalmente.
Según las estimaciones detalladas en el Informe
Financiero N°13 de la Dirección de Presupuestos, del 18 de enero de 2022, se
generará un mayor gasto fiscal que en régimen alcanzaría a 0,02% del PIB hacia
2050.
Este, se suma a los mayores gastos del proyecto de ley
original, los que contemplan 0,96% del PIB en 2050. Además, de acuerdo a las
estimaciones de recaudación de Hacienda, las nuevas fuentes de financiamiento
por concepto de modificaciones tributarias se traducen en mayores ingresos
anuales por 0,32% del PIB en régimen, que se suman a los mayores ingresos del
proyecto de ley original de exenciones (0,35% del PIB).
En base a estos cambios, el presidente del CFA destacó
que el gobierno retirara el financiamiento derivado de la reducción de los
aportes al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), de 0,1% del PIB. Esta fue una de
las recomendaciones realizada por el Consejo en un informe enviado a la
Comisión de Hacienda del Senado el 6 de enero, en línea con el mandato del
organismo de contribuir al manejo responsable de la política fiscal del
Gobierno Central.
Asimismo, Desormeaux sostuvo ante el Congreso que
"la reducción y eliminación de exenciones tributarias corresponden a
nuevos ingresos permanentes”. Además, destacó el hecho de que los ingresos para
financiar la PGU estén creciendo 0,2% del PIB en términos netos en régimen,
planteando que eso significa que el déficit estructural experimentaría una
reducción equivalente hacia 2026.
Sin embargo, el Consejo reiteró lo sugerido en el
informe del 6 de enero, en el sentido de (i) buscar fórmulas legislativas para
que la entrada en vigencia de las medidas que aumentan los beneficios en
pensiones coincida temporalmente con la implementación de los cambios
tributarios; (ii) que se realice un análisis de sostenibilidad de largo plazo
de las fuentes de financiamiento; (iii) extender el horizonte temporal de
proyecciones a cincuenta años, incorporando distintos escenarios, hipótesis de
reajuste y análisis de incertidumbre; (iv) elaborar un estudio actuarial sobre
la sostenibilidad del Fondo de Reserva de Pensiones; y (v) explicitar el monto
exacto de las provisiones que se utilizarían como fuentes de financiamiento.
Luego de la presentación realizada por Desormeaux,
también intervinieron el vicepresidente del CFA, Jorge Rodríguez, y la
consejera Paula Benavides para complementar la exposición. Rodríguez aclaró,
entre otras cosas, que “las proyecciones con las que trabaja el Consejo, tanto
de gasto como de ingresos, son aquellas que elabora el Ministerio de Hacienda,
dado que el CFA, por ahora, no cuenta con acceso a información de base ni con
la capacidad de elaborar proyecciones propias”, mientras que Benavides recalcó
la necesidad de contar con un estudio actuarial sobre la sostenibilidad del
Fondo de Reserva de Pensiones.
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