Esta
normativa permite salir de la situación de endeudamiento mediante herramientas
legales de renegociación de pasivos o liquidación de activos, ayudando a los
afectados a superar sus dificultades económicas. La eficacia de esta norma ha
sido indiscutible y actualmente se reestructuran alrededor de USD 1,5 B anuales de
deuda. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, especialmente en
materia de endeudamiento de pymes. Estas se abordaron con ciertas
modificaciones impulsadas mediante la Ley 21.563 que entró en vigor el pasado 11 de agosto.
En
este escenario, Rosario Letelier, gerente legal de Defontana, nos aclara cómo
opera esta normativa legal.
¿Cuáles
son las modificaciones que sufrió la Ley 20.720 y pueden impactar a las
pymes?
La
nueva norma, impulsada por la Ley 21.563, busca ampliar el número de personas y
empresas que pueden beneficiarse de los procedimientos de renegociación de
deudas y reestructuración de activos. Además, busca aumentar las tasas de
recuperación de créditos y tiene un enfoque ciudadano, porque su objetivo es
reducir “la pérdida social y económica de la sociedad”. Ahora, si la analizamos
con detalle, podemos encontrar los siguientes cambios importantes:
1. Procedimientos simplificados de bajo costo para personas y mipymes
Una
de las limitantes de la Ley 20.720 original, era que la reorganización se
estaba realizando principalmente en las grandes empresas, principalmente por
los altos costos y complejidad de los procedimientos. Los negocios pequeños
casi siempre tenían que liquidar. Con la nueva norma, se eliminan el régimen
concursal y los trámites burocráticos. En su lugar, se crean soluciones de
reorganización financiera asequibles y rápidas tanto para grandes compañías
como para mipymes y personas deudoras.
2. Renegociación gratuita de deudas para emisores de boletas de
honorarios
En
la línea del punto anterior, la nueva Ley de Insolvencia establece
mecanismos para que las personas naturales que emiten boletas de honorarios
accedan sin costo y rápidamente a soluciones de renegociación.
3. Incentivo al reingreso al sistema crediticio
Gracias
a la nueva normativa, los deudores ahora tienen la oportunidad de volver al
sistema crediticio, permitiéndoles vender activos y adquirir préstamos y otras
soluciones financieras. De hecho, la ley dice que, una vez terminados los
procedimientos, la Superintendencia y entidades responsables de bancos de datos
personales, tienen 30 días para eliminar, bloquear o modificar (según sea el
caso) la información del deudor en el Boletín Concursal y demás bases de datos
de tipo financiero, comercial, bancario o económico.
El
rol de la contabilidad para saber si la empresa sería beneficiaria de la Ley de
Insolvencia
Todas
las personas y empresas, incluidas las mipymes, pueden acogerse a los
beneficios de esta ley. Los requisitos esenciales son:
Poseer
deudas debidamente reconocidas en situación de impago.
Estar
en una situación económica desfavorable.
Sin
embargo, debemos ir un poco más allá a la hora de establecer la necesidad real
de acogerse a la ley. Esto implica un análisis de la situación financiera y los flujos de caja, que nos ayude a determinar con
precisión el nivel de endeudamiento de pymes y las posibilidades de
subsanar las obligaciones financieras sin ir a los tribunales.
En
caso de que la deuda sea alta y determinemos que la empresa no puede seguir
pagando en los términos originalmente pactados, tenemos una clara necesidad de
acudir a la Ley 20.720.
Aquí nuevamente requerimos una contabilidad ordenada, pues la solicitud ante autoridad competente debe ir acompañada de un informe de situación financiera que relacione con precisión todos los pasivos, activos, gastos e ingresos (aquí son claves los flujos de capital proyectados y las cuentas por cobrar).
Las empresas que llevan su contabilidad en el ERP Defontana no tendrán problema al respecto. Allí tienen sus registros contables actualizados y gestionados según estándares internacionales. Y, lo que es mejor, pueden generar automáticamente estados financieros confiables.
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