La promulgación de la Ley 21.719 sobre Protección de
Datos Personales ha sido calificada como un momento histórico para Chile. Y lo
es. Después de décadas con una normativa desfasada, el país da un paso
importante hacia el reconocimiento de la privacidad como un derecho fundamental
en la era digital.
Sin embargo, cuando la tinta aún está fresca, es
legítimo preguntarse si esta ley será un verdadero impulsor de transformación y
cuánto va a costar a las empresas la adaptación. En Europa el tiempo de
adaptación fue muy corto, acá en Chile es de dos años desde que se promulgó, lo
que es una ventaja comparativa no menor.
Hoy vivimos en una economía de la información, donde
nuestros datos —nombre, Rut, ubicación, huella digital, intereses, historial
médico, hábitos de navegación, ADN incluso— son una materia prima explotada sin
freno por empresas y gobiernos. Cada acción en línea deja una huella.
Cada aplicación gratuita tiene un precio oculto (“si
no le cobran por un producto o servicio, el producto es usted”). Cada “acepto
los términos y condiciones” es un acto de consentimiento que pocos comprenden.
En ese contexto, proteger los datos personales no es solo una necesidad
jurídica, es un acto de defensa de la autonomía, de la identidad y, en última
instancia, de la libertad individual.
La nueva ley, inspirada en el Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, establece un marco ambicioso y
moderno. Incorpora principios claros, reconoce derechos para las personas —como
el acceso, rectificación, eliminación, portabilidad y oposición al tratamiento
automatizado de datos—, y exige a las organizaciones ser responsables,
transparentes y proactivas.
También establece sanciones importantes, que en el
caso de infracciones gravísimas pueden alcanzar las 20.000 UTM, lo que equivale
a más de $1.300 millones. No es menor. Incluso contempla la posibilidad de
suspender actividades de tratamiento de datos de manera temporal o indefinida, por
vulneraciones en las medidas de seguridad o por violación de los derechos de
los titulares de los datos.
Pero como toda norma nueva y no tradicional, la
implementación es su mayor foco, donde abogados, consultores TI, especialistas
en seguridad, podemos y debemos aportar. Esta ley crea la Agencia de Protección
de Datos Personales como entidad fiscalizadora, con atribuciones
sancionatorias. Habiendo analizado lo que pasó en Europa por lanzar la ley con
premura y sin período de preparación, acá se establece que tanto la Ley como la
Agencia comienzan a operar el 1 de diciembre de 2026.
Eso significa que, entre hoy y esa fecha, estando la
ley promulgada, si un ciudadano ha sido perjudicado está en todo su derecho de
demandar en tribunales civiles. Les invito a no perder esto de vista, La Ley
19.628 y la Ley 21.719, que regulan la protección de datos, permiten que los
titulares de datos puedan ejercer acciones judiciales para defender sus
derechos.
La otra cara es el impacto en las organizaciones.
Desde grandes conglomerados hasta pequeños startups, todas deberán ajustarse a
la nueva ley. Y aunque el principio de proporcionalidad existe, lo cierto es
que muchas empresas no tienen idea de por dónde comenzar. Se les sugiere (no
obliga, recomienda) designar un delegado de protección de datos (DPO), realizar
evaluaciones de impacto, establecer protocolos, capacitar equipos y demostrar
cumplimiento constante. Pero ¿qué pasa con una pyme que no tiene equipo de
tecnología, ni abogados in house, ni presupuesto para contratar consultorías
especializadas?
El espíritu de la Ley es impulsar los negocios,
procesos, servicios digitales, aportando confianza. Está previsto en la Ley que
el DPO y otros servicios se subcontraten, y es de todo sentido que el nivel de
especialización requerido hará que sea lo más viable financieramente.
¿Qué es lo primordial? Prepararse a tiempo, ordenarse,
catalogar, trabajar con un consultor que revise bases de datos, manejo de
consentimientos, cómo las personas van a ejercer sus derechos.
Lo que es aún más preocupante es que muchas empresas
no están simplemente desprevenidas: están desinformadas. No saben que almacenar
correos electrónicos de clientes sin su consentimiento explícito puede ser una
infracción.
No entienden
que una base de datos antigua también debe cumplir la nueva normativa. No han
dimensionado que un incidente de seguridad, como un ciberataque, ahora puede
tener consecuencias legales y económicas graves, más allá del daño
reputacional. No es que no quieran cumplir, es que no saben cómo.
A esto se suma la tecnología en rápida evolución.
Hablamos de reconocimiento facial, asistentes virtuales, inteligencia
artificial generativa, blockchain, biometría, redes neuronales, big data. Y
frente a eso, la ley chilena avanza con cautela, sin abordar en profundidad las
implicancias éticas, sociales y jurídicas de estas herramientas.
Por ejemplo, se reconoce el derecho a oponerse a
decisiones automatizadas, como cuando un algoritmo decide si una persona accede
a un crédito. Pero no está maduro aun el cómo deben implementarse estos
mecanismos de revisión humana, contamos con pocos precedentes para analizar.
La protección de nuestros datos personales no es una
moda. Es un derecho humano. Pero garantizarla requiere más que leyes. Requiere educación
masiva, desde la escuela básica hasta la alta dirección empresarial. Requiere
que las personas entiendan qué son sus datos personales, sus datos privados,
por qué importan, cómo protegerlos y qué pueden exigir.
Requiere también un cambio de mentalidad: pasar de una
lógica reactiva y legalista a una cultura de responsabilidad digital. No se
trata solo de cumplir la ley por miedo a la multa, sino de entender que la
confianza es el nuevo activo de la era digital.
Chile se encamina a ser un hub tecnológico. Pero no
podrá serlo si no genera certezas, reglas claras y entornos confiables. La
protección de datos es ser una ventaja competitiva. Puede ser el sello de
calidad que nos distinga. Pero para eso necesitamos coherencia, coordinación
público-privada, inversión en capacidades estatales, incentivos razonables y,
sobre todo, una implementación realista que no mate la innovación en el camino.
Chile ha dado un paso adelante. Pero si ese paso no va
acompañado de educación, fiscalización y acompañamiento técnico, podríamos
terminar cayendo en un espiral regulatorio.
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