El Observatorio Niñez Colunga dio a conocer un
nuevo análisis que estima el impacto de la propuesta metodológica elaborada por
la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la
Pobreza en Chile.
A partir del modelo propuesto por la
Comisión —presentado en junio de este año— el Observatorio estimó que cerca de
1 de cada 3 niñas y niños en el país vive en situación de pobreza por ingresos.
Esta cifra triplica la estimación vigente, que sitúa la pobreza infantil en
10,5%.
El estudio, basado en datos de la Encuesta CASEN 2022 y los cinco escenarios
propuestos por la Comisión, muestra que la pobreza infantil está
sistemáticamente subestimada en la medición vigente. La propuesta de la
Comisión Asesora Presidencial actualiza por primera vez en más de una década la
línea de pobreza por ingresos en Chile, cuya última revisión se realizó en
2013.
Los cambios incorporan criterios más
alineados con las condiciones reales de vida, incluyendo la actualización de
patrones de consumo basados en la Encuesta de Presupuestos Familiares 8
(2016-2017), la implementación de una "Canasta Saludable" que elimina
más del 50% de alimentos ultraprocesados, una mejor estimación del costo real
de la vivienda y el ajuste en el cálculo de ingresos familiares disponibles.
“El cambio del porcentaje de niñas y niños viviendo en situación de
pobreza no se debe a que hayamos subido el estándar para definir quién es
pobre, sino a que por fin estamos considerando datos actualizados sobre el
costo real de la vida y cómo viven hoy las familias en Chile.
Salvo la mejora en la calidad nutricional
de la canasta, no se trata de exigir más, sino de medir mejor”, afirma Paloma
Del Villar, directora del Observatorio Niñez.
El análisis revela que la niñez está sobrerrepresentada en la población que
vive en situación de pobreza: mientras el 19,7% de las personas adultas vive en
hogares pobres según el escenario más completo, entre niñas y niños la cifra
alcanza el 31,1%.
Las brechas se amplían aún más en ciertos
grupos: niñas y niños migrantes, que viven en hogares monoparentales o en zonas
rurales, superan el 40% de pobreza en los escenarios más exigentes.
Asimismo, el estudio evidencia fuertes desigualdades territoriales. En el
escenario más completo, seis regiones superan el 35% de pobreza infantil.
La
Araucanía presenta la cifra más alta del país, con un 43,5%, mientras que las
regiones del norte —como Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama—
oscilan entre un 30% y un 40%. La Región Metropolitana alcanza cerca del 30%, y
si bien Magallanes y Aysén registran los niveles más bajos, también muestran
aumentos progresivos.
El informe también muestra que la disminución de la pobreza infantil entre 2017
y 2022 ha sido menor a lo estimado oficialmente. Con la línea actual, se
observa una reducción del 23,4%; en cambio, con la nueva metodología, la baja
es de solo un 8%. Esto indica que el progreso ha sido más lento y menos
equitativo de lo que se creía.
“Las nuevas estimaciones de pobreza infantil hacen mucho más sentido con lo que
ya veníamos observando. En nuestro Informe de Bienestar (2024), advertimos que
1 de cada 3 niñas y niños vive en hogares sin adultos con empleo seguro y que
cerca de la mitad enfrenta inseguridad alimentaria. Las cifras de pobreza con
la medición anterior simplemente no reflejaban esa realidad”, señala Del
Villar.
Desde el Observatorio enfatizan que el aumento de la pobreza no refleja un
deterioro en las condiciones de vida, sino una forma más precisa y honesta de
capturar las privaciones materiales que enfrentan las niñas y niños en Chile.
“La pobreza determina las trayectorias de vida y vuelve más cuesta arriba el
proceso de crianza y educación para las familias. Tener datos más actualizados
y rigurosos no solo mejora el diagnóstico, también obliga al Estado a pensar e
implementar mejores políticas para garantizar los derechos de la niñez y
reducir las desigualdades persistentes”, agrega Del Villar.
Los resultados del estudio se articulan directamente con los objetivos de la
Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2032, especialmente con el
compromiso de reducir sostenidamente la proporción de hogares con niños, niñas
y adolescentes en situación de pobreza. Incorporar una medición más realista y
sensible de las condiciones materiales de vida es un paso clave para avanzar
hacia el bienestar integral y el ejercicio pleno de derechos.
“Chile tiene un compromiso legal de garantizar a niñas y niños las condiciones
básicas para vivir y crecer de forma saludable. La pobreza es una amenaza
directa a ese derecho. Esta nueva propuesta es un avance, porque obliga al
Estado a mirar con mayor honestidad la realidad que enfrenta gran parte de la
infancia.
Con estos datos sobre la mesa, es claro
que la discusión sobre el crecimiento del país debe reenfocarse: no hay
desarrollo posible si el futuro de Chile está creciendo en condiciones que
limitan su bienestar y amenazan su potencial”, concluye Paloma Del Villar.
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