“El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. Una situación de economía de guerra es demasiado importante para dejarla al mercado. Los Estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social”.
Así lo afirmó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, Cepal, Alicia
Bárcena, al presentar el informe “América Latina y el Caribe ante la pandemia
del CODIV-19: efectos económicos y sociales”, en el cual advierte que la crisis
desatada por la enfermedad del coronavirus podría llevar al PIB de América
Latina y el Caribe a una contracción de al menos -1,8% en 2020.

El informe fue dado a conocer en una conferencia de
prensa virtual (vía video) por la Secretaria Ejecutiva del organismo.
El reporte aborda la coyuntura, los escenarios y las
proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis pandémica global, junto con
recomendar acciones de política en diversos ámbitos para contrarrestar sus
negativas consecuencias.
En el estudio, la Comisión señala que solo con un
nuevo modelo de desarrollo, la región evitará volver a transitar por los
caminos que condujeron a una situación, en la que los efectos de la pandemia
del COVID-19 pueden no solo ser devastadores en el corto plazo sino también,
deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo.
En el documento, se expresa la urgencia de implementar
en la región acciones inmediatas que permitan, aplanar la curva de contagio por
la enfermedad del coronavirus (COVID-19), sin aplanar la curva de la economía.
Asimismo, insta a los gobiernos de la región a tomar
medidas urgentes para abordar la emergencia sanitaria, la emergencia social y
la emergencia económica.
En el largo plazo, llama también a los países a
repensar sus estrategias de desarrollo, fortaleciendo la coordinación e
integración subregional y regional para asegurar las cadenas de suministro de
bienes críticos, promover una migración voluntaria no forzada, aliviar la
pobreza y fomentar la reducción de la desigualdad, fortaleciendo el comercio intrarregional y
las cadenas de producción, entre otras medidas.

“La salida de
la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país, por lo tanto, dadas
las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de la
ONU, el FMI y el Banco Mundial será esencial para garantizar el acceso al
financiamiento y sostener el gasto social y la actividad económica con medidas
innovadoras”, indicó.
Precisó que, para apoyar el seguimiento y monitoreo de
avances a mediano y largo plazo, la CEPAL ha puesto en marcha el Observatorio COVID-19,
un esfuerzo coordinado por la CEPAL con el apoyo de los coordinadores
residentes de las Naciones Unidas, que presentará información actualizada
sobre los anuncios de política de cada país y otros materiales de
interés.
El Observatorio contiene información sobre movimientos dentro y
entre los países, salud, trabajo, economía y escolaridad.
El estudio indica que América Latina y el Caribe
enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo.
Antes de la llegada del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un
máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a
cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque
no se puede descartar que se llegue a contracciones de entre -3% y -4%, o
incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a
nivel nacional, regional y global, advierte la Comisión.
Según el informe, la crisis del COVID-19 tendrá
efectos económicos directos en los sistemas de salud y las tasas de mortalidad,
y efectos indirectos, que se materializarán por el lado de la oferta y la
demanda en la economía.
Entre los efectos directos se cuenta el impacto en los
sistemas de salud de la región, cuya infraestructura es insuficiente para
enfrentar los problemas generados por la pandemia. La mayoría de los países de
la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y fragmentados,
que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis
sanitaria del COVID-19. Por ello, fortalecer los sistemas de salud requiere
mayor y mejor gasto público: los países de la región gastan en promedio el 2,2%
del PIB en salud; por lo tanto, es necesario encontrar espacio fiscal para
fortalecerlos.
Los efectos indirectos de la crisis desatada por la
pandemia se están sintiendo en la región a través de cinco canales externos de
transmisión, tal como lo señaló Alicia Bárcena hace pocos días[1]:
1) La disminución de la actividad económica de sus principales socios
comerciales y sus efectos; 2) La caída de los precios de los productos
primarios; 3) La interrupción de las cadenas globales de valor; 4) La menor
demanda de servicios de turismo; y 5) La intensificación de la aversión al
riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
De acuerdo con el estudio de la CEPAL, se prevé que el
valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos en 10,7% en 2020,
debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda
agregada global. Además, dado que la propagación del virus ha acelerado el uso
de internet y de las tecnologías digitales, este aumento puede exacerbar las
desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y
entre los grupos de ingresos.
La integración regional es crucial para enfrentar la
crisis, enfatiza el organismo de las Naciones Unidas. Los países de la región
tienen capacidades productivas poco sofisticadas y fragmentadas a nivel
regional, por lo que se requiere escalar las capacidades nacionales y
regionales, principalmente en la producción y provisión de bienes de primera
necesidad. Para ello es imperativo impulsar el comercio intrarregional, señala
el informe.

Asimismo, las medidas de prevención y contención
profundizan la crisis de los cuidados en la región: en el período previo a la
crisis sanitaria, las mujeres destinaban entre 22 y 42 horas semanales a
actividades de trabajo doméstico y de cuidados. La presión sobre los sistemas
de salud impactará significativamente a las mujeres, pues son el 72,8% del
total de personas ocupadas en este sector.
“El mundo y la región enfrentan una recesión que va a
tener efectos de corto y largo plazo. La pregunta es cómo minimizar sus costos
y retomar el crecimiento. La magnitud dependerá, entre otros factores, de la
contundencia de la respuesta económica, en la que la política fiscal tiene un
papel fundamental”, enfatizó Alicia Bárcena.
De acuerdo con la CEPAL, para abordar la emergencia
sanitaria es imperativo aplicar inmediatamente y de manera eficiente las
medidas de contención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
fortalecer los sistemas de salud y garantizar acceso universal a pruebas,
medicamentos y curas. Para abordar la emergencia social son necesarias medidas
de protección de los ingresos para los grupos más vulnerables, medidas de
protección del empleo, como los subsidios de desempleo e ingreso básico de
emergencia, y medidas de apoyo a las pequeñas y medias empresas (PYMES) y los
trabajadores por cuenta propia.
En tanto, para abordar la emergencia económica se
requieren acciones de política fiscal, de política monetaria y de cooperación
internacional, explica el estudio. En materia fiscal, se deben reorganizar
presupuestos para implementar paquetes de estímulo fiscal a fin fortalecer los
sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la
economía. En el área monetaria hay que procurar la estabilización de los tipos
de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario.
Y
para incentivar la cooperación internacional es necesario reconsiderar las
políticas de préstamos concesionales y de graduación de los organismos
internacionales. También facilitar los préstamos a bajo interés y postergar el
servicio de deuda a los países en vías de desarrollo, incluidos los de renta
media.
En particular, el organismo de las Naciones Unidas
llama a levantar las sanciones impuestas a Cuba y a Venezuela para permitir su
acceso a alimentos, suministros médicos y pruebas de la COVID-19 y asistencia
médica. “Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, indica el documento.
A largo plazo, la región deberá repensar sus
estrategias de desarrollo para prevenir la severidad de futuros choques,
enfatiza el informe. En este sentido, la CEPAL propone la creación de un fondo
regional dedicado a las necesidades particulares de los países de ingresos
medios para apoyar la recuperación social, económica y productiva. Asimismo,
enfatiza la importancia de contar con un apoyo flexible de las organizaciones
financieras multilaterales. Los países en desarrollo deben negociar
colectivamente préstamos en condiciones favorables y servicios de la deuda y
revisar las políticas de graduación para los países de ingresos medios, explica.
“La CEPAL ofrece un espacio intergubernamental
para convocar a las partes interesadas de los sectores público y privado, la
sociedad civil y la academia para desarrollar soluciones políticas a los
impactos a largo plazo de la crisis y monitorear sus impactos”, declaró Alicia
Bárcena.
El reporte también advierte que la crisis del COVID-19
pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y sus Objetivos (ODS). En su análisis presenta ejercicios de simulación para 72
series estadísticas de los indicadores de los ODS. Según la Comisión, el 73% de
los indicadores analizados muestra que hay problemas para lograr los ODS hacia
el año 2030.
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