Los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe
(ALC) alcanzaron 23.1% del PIB en promedio en 2018, según la nueva edición
de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe publicada
hoy.
Sin embargo, el aumento de la carga tributaria se
ve amenazado como resultado del deterioro de las perspectivas fiscales de la
región, que se ha exacerbado por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica
mundial.
El incremento de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) desde
su nivel en 2017 es el nivel más alto de ingresos tributarios jamás registrado
en la región.
Sin embargo, la
carga tributaria en ALC se mantiene muy por debajo del promedio de la OCDE
(34.3% en 2018). En este contexto, la capacidad de la región para financiar
bienes y servicios públicos y para amortiguar los choques económicos sigue
siendo limitada.

Esta es la novena edición de este informe y la segunda
producida a través de la Facilidad Regional de la UE para el Desarrollo en
Transición para América Latina y el Caribe. La edición de este año abarca 26
países, e incluye por primera vez a Santa Lucía.
La recaudación tributaria como proporción del PIB
(medida por los ingresos tributarios, incluidas las contribuciones a la seguridad
social pagadas al gobierno general) continuó siendo heterogénea en ALC en 2018,
desde niveles de 12,1% en Guatemala y de 13,2% en la República Dominicana hasta
el 33,1% en Brasil y Barbados, y el 42.3% en Cuba.
Quince países reportaron de un aumento en sus ingresos
tributarios como proporción del PIB entre 2017 y 2018, mientras que siete
registraron una disminución y tres se mantuvieron en el mismo nivel. Tres
países del Caribe registraron los mayores incrementos, Trinidad y Tobago con
+3.3 p.p. del PIB, Belice con +1.4 p.p. del PIB y Guyana con +1.3 p.p. del PIB,
mientras que las mayores reducciones se registraron en Argentina (-1.3 p.p. del
PIB) y Nicaragua (-0.8 p.p. del PIB).
Si bien los ingresos tributarios en las economías de
ALC registraron un mayor dinamismo en 2018, la región enfrentó posteriormente a
importantes vientos en contra, que se intensificaron como resultado de la
pandemia del COVID-19.
Aunque la dinámica de la demanda interna y externa
impulsó la recaudación tributaria en 2018, las condiciones económicas en la
región se deterioraron en 2019 debido, en gran medida, a una disminución en los
precios de las materias primas.
Con base en uno de los capítulos especial de este
nuevo informe, los ingresos fiscales provenientes de la exploración y
extracción de petróleo crudo y gas natural en los principales productores de la
región aumentaron de 2.0% en el PIB en 2017 a 2.7% en 2018, pero se estima que
habrán caído a 2.5% en 2019.
Esta tendencia se ha intensificado en 2020 a raíz del
colapso de los precios del petróleo.
La generación limitada de ingresos tributarios en ALC
restringe el espacio para el gasto en servicios públicos, incluida la salud, y
plantea cuestionamientos sobre cómo los países financiarán las medidas de
protección social de emergencia para responder a la pandemia del COVID-19.
Además, las debilidades de los sistemas
administrativos para gestionar instrumentos fiscales como impuestos y
transferencias, en comparación con los de los países de la OCDE, reducen la
gama de herramientas disponibles para que la región responda eficazmente a la
crisis.
Mirando hacia el futuro, a raíz del COVID-19, será
necesario que las economías de ALC fortalezcan el papel de los sistemas
tributarios para estimular el desarrollo económico inclusivo y, en el largo
plazo, encauzar sus finanzas públicas hacia una base más sostenible.
Aunque la estructura tributaria de la región se ha
acercado a la de los países de la OCDE como resultado de una mayor recaudación
de impuestos directos y una reducción en los gravámenes arancelarios, la
recaudación de impuestos claves –como el impuesto sobre la renta personal
(IRP)– sigue siendo limitada y a su vez una fuente de vulnerabilidad.
La recaudación del IRP en la región en 2017 (2,2% del
PIB) se situó muy por debajo del nivel en los países de la OCDE (8.3%),
mientras, que las contribuciones a la seguridad social se ubican en 4.0% del
PIB en 2017, en comparación con el 9.1% de los países de la OCDE.
Al mismo tiempo, la región depende de los impuestos al
consumo en mayor medida que los países de la OCDE. En conjunto, esto reduce el
poder redistributivo de los sistemas tributarios en la región y limita el
espacio para abordar las vulnerabilidades en un contexto donde las
desigualdades persistentes han sido un factor importante detrás del malestar
social en toda la región en los últimos tiempos.
Otro aspecto destacado del nuevo informe es que
incluye un capítulo especial sobre la presión fiscal equivalente (PFE) en la
región.
La PFE rastrea una gama más amplia de ingresos
fiscales que los impuestos recaudados por los gobiernos, incluidos los ingresos
no tributarios provenientes de los recursos naturales y las contribuciones
obligatorias a los sistemas privados de seguridad social.
En 2018, la PFE promedió el 25.0% del PIB en la
región, frente al 24.4% en 2017 y el 17.4% en 1990.
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