En ese contexto, se ha planteado la necesidad de un
fortalecimiento de la red de protección social para las familias, de apoyos a
las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y de brindar recursos adicionales al
área de salud. Asimismo, ha sido parte de ese debate la necesidad de organizar
y disponer de fuentes de financiamiento, tanto para el corto como para el
mediano plazo.
El debate antes señalado se da en un escenario en que,
si bien existen mejores perspectivas de recuperación económica y un avance
importante en el proceso de vacunación, la situación sanitaria se ha prolongado
más de lo esperado, afectando los ingresos de las familias y el empleo.
Asimismo, aún persiste una alta incertidumbre sobre la duración y profundidad
de la crisis.
En esta nota el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en
cumplimiento de su objeto de contribuir al manejo responsable de la política
fiscal, enfatiza aspectos de sostenibilidad de las finanzas públicas que
recomienda sean ponderados en un eventual acuerdo sobre medidas adicionales
para enfrentar la emergencia. De este modo, se facilitaría su implementación y
se contribuiría a la recuperación económica, la generación de empleos e
inversión y la mantención de bajos costos en el acceso al crédito para las
familias, las empresas y el Estado.
La responsabilidad fiscal es un principio transversal
de buen gobierno, que no se vincula necesariamente al tamaño del Estado ni a su
rol, y que en las últimas décadas permitió que Chile contase con recursos
ahorrados y acceso a fuentes de financiamiento en condiciones favorables para
enfrentar esta y otras crisis. Lo anterior, es una ventaja que sólo algunos
países han tenido, ya sea por sus niveles de desarrollo y/o por el manejo
responsable de su política fiscal.
Aunque la situación fiscal se ha ido estrechando, el
Consejo considera que aún existen espacios para adoptar medidas adicionales,
pero al mismo tiempo plantea la importancia de que estas sean adoptadas bajo
criterios de responsabilidad fiscal y que se generen consensos respecto de la
necesidad de una consolidación fiscal posterior. Esto, dado que el país acumula
varios años de déficits fiscales, incumplimiento de metas de balance
estructural y un fuerte aumento del endeudamiento público.
Así, de acuerdo a las últimas proyecciones de la
Dirección de Presupuestos, para 2021 se prevé que tanto el déficit estructural
como la deuda neta, alcanzarán sus niveles más elevados de las últimas tres
décadas. Adicionalmente, la experiencia muestra que Chile no estará exento de
otras posibles crisis a futuro y que, para enfrentarlas, requerirá reconstruir
una posición fiscal sólida una vez superada la contingencia actual y mantener
así un bajo nivel de spread soberano y riesgo país.
Por ello, el Consejo propone un conjunto de elementos
que, a su juicio, deberían considerarse en un acuerdo para que sea fiscalmente
sostenible.
1. Las medidas que se defina implementar debieran
apuntar a los efectos transitorios de la crisis y, por tanto, ser esencialmente
temporales. En este sentido, estas deberían ser retiradas una vez concluida la
crisis y mitigados sus efectos, siendo recomendable establecer plazos máximos
en las normas que las creen.
2. Las medidas de emergencia debiesen tratarse de
manera independiente de potenciales reformas que busquen solucionar problemas
estructurales de política pública, las que tendrán que ser discutidas en su
propio mérito y debida oportunidad, incluyendo sus respectivas fuentes
permanentes de financiamiento.
3. El gasto fiscal adicional debería ejecutarse
velando por la mayor eficiencia posible y destinándose a las medidas
consideradas prioritarias. Se recomienda contemplar márgenes de flexibilidad,
que permitan adaptar el tipo, duración y retiro de las medidas, según sea requerido
o cuando se cumplan condiciones predefinidas.
4. Dentro de las posibles fuentes de financiamiento de
corto plazo se sugiere explorar una combinación de utilización de ahorros y
mayor deuda bruta, en función de la conveniencia de las condiciones crediticias
externas o internas y de la mantención de suficientes espacios de liquidez.
Asimismo, también se sugiere considerar reasignaciones de otros gastos y/o
medidas que generen ingresos fiscales transitorios.
5. Respecto al mediano plazo y la necesidad de una
consolidación fiscal, se sugiere avanzar en acuerdos sobre nuevas fuentes de
financiamiento considerando sus impactos recaudatorios, distributivos y
económicos.
6. Para el marco de gasto y medidas que se acuerden,
deberían realizarse estimaciones de sus efectos sobre el balance estructural y
la trayectoria de la deuda neta de mediano plazo, para así poder evaluar su
sostenibilidad.
8. Dado que parte de las medidas implementadas para
enfrentar la crisis, y otras que se pudieran agregar, inciden en los pasivos
contingentes del Fisco, debiese realizarse un monitoreo periódico y exhaustivo
de los mismos.
9. Se recomienda que el Gobierno dé cuenta periódica y
detalladamente de los avances en la implementación de los planes que se
definan.
10. Por último, el Consejo hace presente la relevancia
de avanzar en fortalecer la institucionalidad y credibilidad en materia fiscal,
complementando la regla operacional con un ancla fiscal, cláusulas de escape y
mecanismos de corrección. Esto no sólo generaría beneficios de largo plazo al
asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que también potencia
el impacto de las políticas públicas en el corto plazo.
Señales creíbles de una consolidación fiscal posterior
a la crisis, harían posible incurrir en un mayor déficit y endeudamiento en lo
inmediato, atenuando el impacto sobre las tasas de interés y las condiciones de
financiamiento de las familias, las empresas y el Estado.
Nota del Consejo Fiscal Autónomo N° 5
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