En este contexto, el CFA considera que
este nuevo decreto reafirma que la política fiscal se guía por una regla dual,
compuesta por metas de BE y un nivel prudente de deuda, en línea con lo que
recomendó el organismo en 2021, sugerencia que tuvo como objetivo fortalecer la
regla fiscal.
Sin embargo, en el nuevo decreto el
Gobierno fijó una meta de Balance Estructural de -0,5% del PIB para 2026, lo
que constituye un déficit mayor al -0,3% del PIB que el Ejecutivo había
establecido al inicio de su periodo.
Aquella vez, el Gobierno había establecido
una meta de BE de ‐3,3% del PIB para 2022 y de ‐ 0,3 del PIB para 2026, sin
establecer metas de BE para los años intermedios (2023, 2024 y 2025). Ahora, en
cambio, el nuevo decreto considera metas anuales, pero con una modificación
para el último año en que le corresponderá elaborar el Presupuesto: -1,9% del
PIB en 2024, -1,1% del PIB en 2025 y -0,5% del PIB en 2026.
Al respecto, el Consejo remarca en su
informe que recomendó al Ministerio de Hacienda en variadas ocasiones -la
primera vez en junio de 2022- que estableciera metas de BE para cada año, y no
sólo para el inicio y fin de su periodo.
Esto, con el objetivo de reducir la
incertidumbre, fortalecer la regla fiscal y facilitar el análisis y rendición
de cuentas de la política fiscal. Por ello, el CFA valora que en este nuevo
decreto el Ministerio de Hacienda establezca metas para cada año de su
administración.
No
obstante, considerando que el Gobierno cambió su meta de BE para 2026 de -0,3%
del PIB en el decreto anterior a -0,5% del PIB en el nuevo decreto, el Consejo
alerta que, si esta nueva cifra de déficit se mantiene en los años siguientes,
“no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, y podría generar que
la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década”.
En este sentido, el CFA sostiene en su
informe que considerando “las mayores tasas de interés reales y menores
perspectivas de crecimiento económico, se requiere un mayor esfuerzo en
términos de BE para estabilizar la deuda pública.
Esto contrasta con el deterioro de 0,2
puntos porcentuales del PIB del BE para 2026”. Asimismo, el Consejo insiste en
que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si
no se aumentan las fuentes de recursos también permanentes, las que pueden
provenir de un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor
evasión o elusión tributaria, reasignaciones o mayor eficiencia del gasto.
Además, el Consejo remarca que para
estabilizar la deuda bruta por debajo de su nivel prudente -fijado en 45% del
PIB por Hacienda- se requiere, según sus estimaciones, un BE equilibrado, es
decir, de 0% del PIB en el mediano y largo plazo. Es decir, que no se mantenga
un déficit estructural de 0,5% del PIB desde 2026 en adelante.
Por ello, el CFA recomienda que para el
mediano y largo plazo se avance hacia un BE equilibrado. “Incluso con un BE en
equilibrio, para que exista una estabilización de la deuda neta se suma el
desafío de disminuir los ‘otros requerimientos de capital’, como, por ejemplo,
la capitalización de empresas públicas, y reconstruir los activos financieros
del Tesoro Público”, plantea el Consejo.
Asimismo, el CFA advierte que la
estabilización de la deuda bruta -prevista por la Dirección de Presupuestos
(Dipres) en su último Informe de Finanzas Públicas- considera una reducción de
los activos financieros del Tesoro Público, que pasarían de 4% a 3,2% del PIB
entre 2023 y 2028.
Por ello, el Consejo recalca que la deuda
neta -es decir, la deuda bruta menos los activos financieros del Tesoro
Público- no se estabilizaría. De hecho, según las proyecciones de la Dipres, la
deuda neta aumentaría en los próximos años, pasando desde 34,2% del PIB en 2023
hasta 38% del PIB en 2028.
En este sentido, el CFA insiste en su
recomendación de que a futuro el Gobierno considere un nivel prudente de deuda
neta, en vez de deuda bruta, por ser un indicador más completo para medir la
sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, recomienda en su informe que
“esta obligación, junto con la de establecer metas anuales de BE debidamente
fundamentadas en el contexto macrofiscal, debería quedar establecida en el
proyecto de ley sobre Responsabilidad Fiscal en trámite”.
Asimismo, el CFA sugiere a Hacienda la
realización de un estudio para evaluar los conceptos de activos y pasivos
pertinentes a incluir en la regla fiscal y/o en las bases de su decreto de
política fiscal, tales como el endeudamiento de las empresas públicas, la deuda
con proveedores y los pasivos contingentes.
Finalmente, el Consejo releva que una
regla fiscal, incluso en caso de que sea fortalecida por la eventual aprobación
del proyecto de ley que modifica la ley sobre Responsabilidad Fiscal, por sí
sola no será suficiente para garantizar la sostenibilidad.
Además, el CFA plantea que se requiere
construir un amplio consenso político sobre la relevancia de la sostenibilidad
fiscal para la ciudadanía. “Este consenso debe traducirse en fijarse metas
exigentes y cumplirlas en la práctica, tanto para el BE como para el nivel
prudente de deuda”, señala.
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