La pobreza en América Latina se mantuvo
estable en 2017, pero aumentó la pobreza extrema, alcanzando su nivel más alto
desde 2008, mientras que la desigualdad se ha reducido apreciablemente desde
2000
Así lo establece el Panorama Social de
América Latina 2018 presentado hoy en la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) por la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena en una
conferencia de prensa.
Esta versión del Panorama Social 2018,
incluye nuevas revisiones de la metodología utilizada por el organismo para
estimar la pobreza monetaria en la región, así como nuevas mediciones sobre
desigualdad funcional, gasto social y doble inclusión laboral y social.
En 2017, el número de personas
viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30,2% de la población), de los
cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza (10,2% de la población,
el porcentaje más alto desde 2008), de acuerdo con el informe presentado hoy.
Según las proyecciones de la Comisión, en
2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la población, lo que equivale a 182 millones
de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza
extrema se mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de personas (un millón
más que en 2017).
“Aun cuando la región logró
importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde
2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza
extrema”, alertó Alicia Bárcena, quien, frente a los desafíos que se enfrentan,
llamó a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e
inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.
Al analizar los países con mayores
reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El
Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los
hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución,
mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las
pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.
“Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en
situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales
con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas
de protección social”, dice la CEPAL.
Debido a la actualización, en 2015, de la
metodología utilizada por la CEPAL para medir la pobreza monetaria, y a las
posteriores revisiones realizadas por el organismo, las cifras incluidas en
esta edición del Panorama Social difieren de las divulgadas en el último
informe publicado en diciembre de 2017 y en anteriores.
El informe también destaca que la
desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde
principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini
(donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18
países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017.
Sin embargo, el ritmo de reducción se
enlenteció en los años recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual
promedio del índice fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, del 0,8%, y entre 2014 y
2017, del 0,3%. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante
en los años recientes para contener deterioros distributivos, según el
organismo.
A pesar del contexto de ajustes fiscales,
el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto
público total (51,4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del
gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un
11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto
registrado desde 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los
países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a
894 dólares.
Sin embargo, existe una alta
heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de
las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados
de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.
Para avanzar hacia crecientes niveles de
participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los
derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e
inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL.
En promedio, alrededor del 40% de la
población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al
salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada
entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Entre las
mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso implementar políticas
universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que
afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario
de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto, indica
la Comisión.
En 2017, la participación de las
mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50,2%
y 74,4% respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino
(10,4%) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6%). Más de la mitad de las
mujeres ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de baja productividad y de
ellas el 82,2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.
La baja participación de las mujeres
en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no
remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77% del trabajo no
remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las
encuestas de uso del tiempo.
“Sin políticas públicas adecuadas que
aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la
precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los
sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los
empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las
brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la
actualidad”, concluye el documento.
De
hecho, en el entorno digital en el que vivimos la economía los datos son el
recurso natural que impulsa los negocios, y el análisis se consolida como el
mecanismo para explotarlos y transformarlos en riqueza tangible. Los datos
valen oro en la hoy conocida Economía Analítica.
