Según explica el organismo, encargado de
contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno y que es
liderado por el economista Jorge Rodríguez Cabello, este análisis se realiza a
raíz del significativo aumento de los ingresos fiscales por litio durante el
último tiempo.
“Entre 2015 y 2022, el precio del litio se
multiplicó por cuatro y los volúmenes exportados por Chile más que se
duplicaron”, dice el documento. Así, en base a estimaciones entregadas por
Corfo, el CFA realizó una estimación de los ingresos fiscales totales por litio
en 2022 en torno a US$5.000 millones.
Esta cifra correspondería a 1,6% del PIB y
a 6,4% de los ingresos fiscales totales. El Consejo recalca que los ingresos
fiscales por litio no se publican individualizados en las estadísticas
oficiales, por lo que esta estimación es una aproximación preliminar.
De esta forma, el organismo señala que es
necesario definir cómo debe tratar el Fisco los ingresos por litio de manera
sostenible en el largo plazo, considerando que tienen un componente
potencialmente transitorio.
Esta situación cobra importancia para el CFA,
considerando que la regla fiscal de Balance Estructural chilena contempla que
se realice un ajuste cíclico en los ingresos según el comportamiento de dos
variables: el PIB y el precio del cobre.
Esto implica que se debe ahorrar cuando el PIB
y/o el precio del cobre están por sobre sus valores de largo plazo, como una
forma de compensar los menores ingresos que se perciben en los períodos de
menor actividad económica y/o de menor precio del cobre.
Sin embargo, el CFA sostiene que “la regla
fiscal no contempla un ajuste cíclico ad- hoc en el caso de los ingresos que
provienen del litio, por lo que esos recursos, potencialmente transitorios, son
en su gran mayoría considerados como ingresos estructurales y, por lo tanto,
podrían destinarse a financiar gastos permanentes”.
Por ello, el Consejo -integrado por el
vicepresidente Hermann González y los consejeros Paula Benavides, Aldo Lema y
Jeannette von Wolfersdorff- con su informe busca proporcionar las bases para la
elaboración de un marco conceptual para el tratamiento de estos ingresos en el
marco de la regla dual de Balance Estructural y nivel prudente de deuda que
opera en Chile.
Para ello, identifica desafíos y plantea
recomendaciones. Como un elemento base, el CFA señala el desafío de contar
con la información necesaria para identificar todos los ingresos fiscales
asociados al litio y así poder distinguir su componente transitorio del
permanente.
“La Dirección de Presupuesto (Dipres) no
publica información regular que individualice los ingresos provenientes del
litio, por ejemplo, al momento de mostrar la descomposición de los ingresos
fiscales totales”, dice el informe.
Por lo mismo, el Consejo recomienda que la
Dipres publique información de estos ingresos con la misma periodicidad de sus
Informes de Finanzas Públicas y que lo haga de forma desagregada, incluyendo
los ingresos generados por los impuestos a la renta e impuestos específicos a
la minería y los que se generan, a través de rentas de arrendamiento a Corfo.
El segundo desafío, central para la
sostenibilidad fiscal, es el posible carácter transitorio de los ingresos por
litio.
Esta situación, dice el CFA, plantea dos
riesgos: (i) que los mayores ingresos sean completamente transitorios, esto es,
que se extiendan por pocos años y luego se acaben o queden en un nivel muy bajo
o (ii) que los mayores ingresos por litio se mantengan por varios años, pero
que tengan un componente cíclico que el gobierno no esté considerando en el
cálculo de sus ingresos estructurales al aplicar la metodología de Balance
Estructural vigente.
De esta forma, “por criterio de prudencia
y buenas prácticas de gestión de riesgos, el Consejo recomienda asumir que una
parte relevante del aumento que están experimentando los ingresos fiscales por
litio, es transitoria.
Esto implica actuar con cautela y destinar
a ahorro -o a pago de deuda- un componente importante de estos mayores
ingresos”, indica el informe.
El organismo dice que un tercer desafío
es la falta de un ajuste cíclico ad hoc en la regla fiscal de Chile para los
posibles ingresos transitorios por litio.
A raíz de lo anterior, el CFA advierte que
estos recursos podrían ser comprometidos para financiar gastos permanentes, lo
que generaría un riesgo para la sostenibilidad fiscal. Por ello, el CFA
recomienda aplicar una regla que permita establecer objetivamente, una parte
transitoria de dichos ingresos.
“Una opción muy simple, es que en la
metodología de Balance Estructural se determine que los ingresos fiscales por
litio -como porcentaje del PIB- que se ubiquen sobre cierto umbral, fuesen
considerados como transitorios.
El Consejo recomienda definir y aplicar
como parte de la regla una metodología de este tipo para el año en curso”, dice
el informe. Lo anterior, sin desmedro que se pueda seguir estudiando una
metodología más precisa de ajuste cíclico de los ingresos fiscales por litio,
idealmente para ser aplicada en la Ley de Presupuestos para 2024.
El cuarto desafío identificado tiene
relación con el destino de los mayores recursos fiscales por litio.
Al respecto, el CFA señala que el componente estructural de dichos recursos
puede destinarse a gasto corriente o de capital, según las prioridades de
política pública. Por su parte, los ingresos transitorios deben destinarse a
aumentar activos financieros o disminuir o emitir menos deuda pública.
Además, el Consejo señala que “se debe tener
en cuenta que sólo un aumento de los activos financieros del Tesoro Público
implica una mejora en el concepto de deuda neta”, efecto que no se logra al
destinarse recursos a los llamados “otros requerimientos de capital”.
Finalmente, el quinto desafío se refiere a
que parte de los ingresos de Corfo por litio no se canalizan por la Ley de
Presupuestos. En particular, sostiene el CFA, hay asignaciones que van
directamente al desarrollo regional, a comunidades indígenas y a proyectos de
I+D que propone Corfo.
En este sentido, el Consejo considera que,
en futuros contratos entre Corfo y empresas privadas, los ingresos deberían
someterse a normas generales de asignación y rendición de cuentas que
garanticen, una adecuada transparencia respecto de su administración y
utilización posterior.
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