La tasa promedio de recupero para
acreedores, fue de 74%, bastante superior al 17,4% que se logra en las
Liquidaciones de Empresas, a la cual se han acogido cerca de 10 mil compañías,
lo que indica que la Reorganización ha demostrado ser un mecanismo efectivo,
pero no al alcance de las Mipes.
Sin embargo, con la modernización de la
Ley de Insolvencia N.º 20.720 y con un refuerzo de la educación financiera, el
panorama se ve auspicioso, explica la principal autoridad de la Superir, Hugo
Sánchez.
“Nuestra Ley de insolvencia, tenía como
objetivo lograr que las empresas se reorganizaran mayormente en lugar de
liquidarse, pero para ello se requiere que dichas empresas sean aún viables.
Se culpa del poco acceso de empresas de
menor tamaño, mayormente, a sus costos de entrada, como el certificado de deuda
emitido por el auditor externo, los honorarios del Veedor y los del abogado
representante, pero la falta de información, de alertas y de educación
financiera en temas de solvencia sería el factor preponderante para no detectar
la insolvencia a tiempo, no quedando otra alternativa que liquidarse”, señaló
el Superintendente Sánchez.
El diagnóstico apunta a tres factores
claves que aumentarían el uso de este procedimiento: primero, reducir los
costos de entrada, cosa que se ha logrado recientemente con la aprobación en
tercer trámite del proyecto de ley que moderniza la Ley de Insolvencia y crea
procedimientos simplificados para Mipes, dentro de los cuales está la nueva
Reorganización Simplificada que elimina el certificado de deuda, reemplazándolo
por una declaración jurada del deudor, y crea un nuevo tipo de Veedor de
procedimientos simplificados que aumentará la competencia, reduciendo los
honorarios.
En segundo lugar, “si miramos a otras
jurisdicciones como EEUU, no tenemos un “mercado” de financiamiento de empresas
en estrés financiero, con inversionistas que sí están dispuestos a rescatar
empresas riesgosas con financiamiento a tasas más altas y bajo nuevas
condiciones de gobernanza y finalmente y más relevante, todos los actores de la
economía, tanto públicos como privados, tenemos que ayudar a disminuir la
brecha de educación financiera que existe en nuestros emprendedores”, indicó.
Para lograr lo anterior, la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ha firmado y utilizado más
de cien convenios con instituciones públicas, asociaciones gremiales de
empresas de menor tamaño, universidades, municipios y delegaciones
provinciales, para realizar charlas y webinars.
Además, se ha integrado como invitado permanente a la Comisión Asesora Presidencial en Inclusión Financiera y ha creado su página de educación financiera www.tenlaclara.cl, que contiene videos que explican las diferentes herramientas de la Ley, y posee una calculadora para determinar si se está en insolvencia o no.
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