La
nueva normativa busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad
bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida
tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas
empresas; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la
incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de
reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de
procedimientos.
El
ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia
de esta ley, “especialmente para las personas naturales, las micro, y pequeñas
empresas, ya que se crean procedimientos simplificados especiales para este
grupo, de rápida tramitación y bajos costos.
Con
esto se promoverá la reorganización por sobre la liquidación, lo que
incentivará la recuperación de créditos, se preservan empleos y se evita el
corte de cadenas de suministro”.
En
esa misma línea, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo
Sánchez, planteó que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la actual
ley, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y
pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos
burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda
oportunidad en sus actividades económicas”.
Otro
punto que ambas autoridades destacaron es que la nueva normativa extiende la
renegociación gratuita de la persona deudora a quienes emiten boletas de
honorarios y están con un sobreendeudamiento, integrando con ello a usuarios y
usuarias que hoy están impedidas de acceder a dicho procedimiento por ser
consideradas empresas, implicando que tengan como única opción para salir de
sus dificultades económicas la liquidación.
Además,
la nueva ley introduce mejoras para reducir trámites redundantes (como las
audiencias separadas de derecho a voto y la constitutiva de la liquidación) y
facilita el uso de la tecnología (por ejemplo, autorizando la realización de
juntas de acreedores en forma remota), con la finalidad de hacer mucho más
expedito el desarrollo de los procedimientos.
Cabe
señalar que la normativa entrará en vigencia tres meses después de su
publicación en el Diario Oficial, por lo que debiera estar operativa a contar
del 10 de agosto de 2023.
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