Tendrán
que concretar el trámite todas las empresas y las personas
naturales que entre enero y diciembre de 2023 hayan obtenido un ingreso
total superior a las 13,5 UTA ($10.475.892), y quienes registraron más de un
empleador o recibieron ingresos de distintas fuentes. En caso de que el sueldo
anual correspondiera sólo a un trabajo dependiente (único empleador), la
persona no está obligada a declarar.
Los
independientes, en tanto, si emitieron boletas de honorarios electrónicas
durante 2023 deberán hacer la declaración para optar al pago Total o Parcial de
cotizaciones previsionales.
Asimismo,
quienes solicitaron el Préstamo Solidario del Estado en 2020 ó 2021 tendrán que
pagar la cuota correspondiente. No obstante, si la persona prepagó el monto
total del beneficio, deberá declarar si tuvo retenciones adicionales en su
sueldo o boleta de honorarios, con el fin de solicitar la devolución de
excedentes.
¿Y
qué pasa con las empresas? Todas están obligadas a declarar las utilidades
obtenidas en 2023, al igual que un empresario o empresaria individual que haya
accedido al Préstamo Solidario, por el cual deberá pagar la cuota anual
respectiva.
“La
Operación Renta es un proceso clave para todas las personas naturales y
empresas que deben declarar sus ingresos del año anterior, por tanto, acceder a
información clara y oportuna es fundamental para evitar observaciones por
errores o desconocimiento a la hora de completar el trámite y no exponerse a
multas futuras por inconsistencias”, señaló el defensor nacional del
Contribuyente, Ricardo Pizarro.
En
ese sentido, la autoridad apuntó que “el rol que tenemos como Defensoría del
Contribuyente no sólo apunta a orientar y acompañar gratuitamente a cada
persona natural o Mipyme que nos contacte en www.dedecon.cl para que
resuelva su inquietud, sino que también promovemos la educación tributaria, con
el fin de tener contribuyentes más informados”.
La Dedecon está facultada para ayudar y entregar asistencia para facilitar el cumplimiento tributario y defender a los contribuyentes frente a eventuales vulneraciones de derechos que se cometan por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).
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