Un hito en el panorama
financiero chileno. Así es como muchos están llamando a la Ley de Deuda
Consolidada, normativa que busca centralizar la información crediticia de
personas y empresas, prometiendo transformar la dinámica del mercado
inmobiliario y financiero. Pero ¿Será esta transparencia un elemento realmente
positivo o un obstáculo para el sector?
Si bien, en principio, la ley
persigue objetivos positivos, como reducir el sobreendeudamiento, mejorar la
educación financiera y fortalecer la fiscalización. La consolidación de datos
crediticios, incluyendo aquellos de mutuarias y casas comerciales, permitirá a
las entidades financieras realizar evaluaciones de riesgo más precisas, lo que
podría tener consecuencias inesperadas.
Muchos chilenos, aparentemente
solventes según los registros actuales, podrían enfrentarse a una realidad
financiera más compleja al revelarse deudas que antes no se visualizaban. Este
"sinceramiento" financiero podría resultar en un mercado crediticio
más restrictivo, afectando especialmente a quienes buscan adquirir propiedades.
El sector inmobiliario, que
desde hace tiempo viene enfrentando desafíos por las restricciones bancarias
existentes, podría experimentar una desaceleración aún mayor. La nueva
radiografía financiera de los potenciales compradores podría llevar a los bancos
a endurecer aún más sus criterios de aprobación de créditos hipotecarios.
Es por esto que se genera una
paradoja: mientras se busca proteger a los consumidores del sobreendeudamiento,
se podría estar limitando su acceso al crédito y, por ende, a la vivienda
propia.
El mercado inmobiliario, vital
para la economía, podría verse frenado en su dinamismo, detonando una crisis
adicional a las que ya ha enfrentado y enfrenta el sector, producto de la “permisología”.
Ante este panorama, es
probable que veamos un cambio en la estructura del mercado. Los grandes
actores, como las empresas de multifamily, podrían ganar terreno frente a los
compradores de a pie.
Esto podría resultar en un
mercado inmobiliario dominado por arrendamientos corporativos,
más que por propietarios individuales.
Entendiendo que la
transparencia financiera es fundamental, hay que considerar sus implicaciones a
largo plazo y preguntarse si realmente estamos preparados como sociedad para
enfrentar esta nueva realidad crediticia.
La implementación de esta ley deberá abogar por un equilibrio entre la prudencia financiera y el estímulo económico. Será fundamental monitorear de cerca sus efectos y estar dispuestos a realizar ajustes que garanticen un mercado inmobiliario saludable y accesible para todos los chilenos.
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