Desde
2020, nuestro país cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR),
iniciativa clave para avanzar en la mejora de la calidad de vida y las
oportunidades de quienes habitan los territorios rurales.
La actual administración ha tenido la
importante tarea de poner en marcha la mencionada política, gestión que ha
procurado tener un sello con foco en tres aspectos fundamentales.
El primero
de estos desafíos tiene que ver con superar las miradas fragmentadas y
sectoriales para adoptar una comprensión más integral y contextual del
territorio. Esto implica reconocer las dinámicas urbano-rurales y las
particularidades locales en el diseño de las políticas públicas.
Un avance
importante en esta dirección ha sido la creación del Consejo Nacional de
Desarrollo Territorial (CNDT), que reemplaza a los antiguos consejos urbano y
rural, integrando a actores públicos y privados en un espacio de gobernanza más
amplio.
Este
consejo ha impulsado recomendaciones clave, como la incorporación del enfoque
territorial en el Sistema Nacional de Inversiones, el reconocimiento de la
interfaz urbano-rural en la actualización de la Política Nacional de Desarrollo
Urbano y la promoción de la pertinencia territorial en las políticas públicas.
También ha
contribuido al desarrollo de un marco conceptual más amplio para comprender la
ruralidad en Chile, superando las definiciones obsoletas que limitan su
alcance.
El segundo
gran desafío es la descentralización. A pesar de la enorme diversidad y riqueza
de los territorios, el poder político, económico y administrativo continúa
fuertemente concentrado en Santiago.
Esta
centralización no solo limita el desarrollo del país en su conjunto, sino que
restringe gravemente el potencial transformador de las zonas rurales. La
implementación de la PNDR ha buscado corregir esta situación mediante una
estrategia construida desde los territorios.
Desde
2021, se ha trabajado junto a los Gobiernos Regionales para diseñar 16 planes
regionales de desarrollo rural, uno por cada región del país. Estos
instrumentos permiten orientar la acción pública en función de los desafíos
específicos de cada territorio.
Para que
esta estrategia sea efectiva, es indispensable que los Gobiernos Regionales
cuenten con mayores competencias, recursos financieros y capacidades
institucionales que les permitan llevar adelante políticas coherentes con sus
realidades.
El tercer
desafío tiene que ver con la necesidad de construir agendas intersectoriales.
La falta de articulación entre ministerios y niveles de gobierno ha sido una
debilidad estructural del Estado chileno durante décadas.
Sin
coordinación, las intervenciones públicas tienden a duplicarse, fragmentarse o
simplemente no responder a las necesidades reales de las comunidades. En este
sentido, uno de los avances recientes más relevantes ha sido la presentación
del Plan Nacional Convergente para el Desarrollo Rural ante la Comisión
Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT).
Este plan
busca operacionalizar la PNDR mediante una agenda de trabajo coordinada entre
14 ministerios, con 22 iniciativas prioritarias para abordar brechas
recurrentes en los territorios rurales: acceso a agua, saneamiento y
electricidad; conectividad física y digital; calidad en salud y educación;
despoblamiento y falta de oportunidades para los jóvenes; así como la ausencia
de ordenamiento territorial, entre otras.
Con un
horizonte de implementación de cinco años, este plan busca pasar del
diagnóstico a la acción concreta, con una lógica colaborativa y multisectorial.
El camino
hacia un desarrollo rural sostenible, inclusivo y justo es largo y desafiante,
pero no imposible. La PNDR ha sentado una base valiosa, pero su éxito dependerá
de la voluntad sostenida por parte del Estado para avanzar en estos tres
frentes clave.
La
persistencia de brechas estructurales exige mantener y profundizar los
esfuerzos iniciados, involucrando activamente a los gobiernos regionales, las
comunidades locales, el sector privado y la sociedad civil.
Solo
mediante una visión integral, una presencia efectiva en los territorios y una
acción verdaderamente colaborativa, podremos garantizar que el desarrollo y la
calidad de vida lleguen a todos los rincones del Chile rural.
Andrea García Lizama. Directora Nacional de ODEPA
No hay comentarios:
Publicar un comentario