El rápido aumento de la
inmigración en Chile va de la mano con un importante crecimiento del mercado de
las remesas de dinero al exterior, alcanzando la cifra de 600 mil transacciones
al mes. Sin embargo, hay una gran diferencia en los montos remesados,
dependiendo del país de origen de los inmigrantes.
Los inmigrantes en Chile
realizan mensualmente cerca de 600.000 transacciones de dinero al exterior, con
un promedio de US$ 220. Destacan los colombianos, que remesan las cifras más
altas -un promedio de US$416 al mes- frente a los US$109 que envían los
haitianos, la cifra más baja en el mismo periodo.
Brasileños y bolivianos
también remesan montos importantes –US$317 y US$ 223 al mes, respectivamente,
mientras que dominicanos (US$ 151) y peruanos (US$ 175) se encuentran también entre
las cifras más bajas, unos puntos porcentuales por sobre los haitianos.
Se espera que la suma
total de todas las divisas enviadas al exterior en 2019 -resultado del fuerte
aumento de la inmigración en Chile- supere los US$1.800 millones, un incremento
de 20% respecto de 2018, cifra que ubica a nuestro país como líder en la
región, seguido por Panamá, que registra cerca de US$ 800 millones anuales.
El resto de los países de
la región son receptores netos de divisas, encabezados por México con casi US$
33.500 millones. Sin embargo, si se considera el tamaño de las economías, Haití
es el mayor receptor, al representar las remesas el 39% de su PIB. Le siguen
naciones como El Salvador y Honduras con cerca del 20%, según estadísticas de Inter
American Dialogue.
Venezuela, dada la crisis
económica y alta tasa de personas que han emigrado, probablemente también ocupa
un lugar destacado, pero no se dispone de información oficial.
El dinamismo del mercado
de envío de dineros al exterior fue analizado en el marco de 1er Encuentro
Latinoamericano de Inmigración y Envíos de Dinero, que reunió a empresas
remesadoras, bancos, embajadas, organismos de Gobierno, auditoras, compañías de
seguros, fondos de pensiones y organismos internacionales, entre otros.
En el evento, organizado
por More Internacional, se analizaron los desafíos y dificultades que enfrenta esta
nueva industria que ha surgido con gran fuerza en el país de la mano del
incremento de ciudadanos extranjeros que requieren enviar dinero a sus naciones
de origen.
A nivel nacional, según información
del Banco Central de Chile, operan alrededor de 26 remesadoras. Los actores de
la industria estiman que cinco de ellas (Western Union, MoneyGram, More Chile,
Afex y Guiñazú) concentrarían, según cifras extraoficiales, cerca del 80% del
mercado.
El sitial de Chile como
mayor remesador de divisas de inmigrantes al exterior de América Latina es
significativo, por el impacto económico y social de esta actividad,
considerando el concepto de apoyo familiar que hay tras las remesas.
“Si no existiese esta
industria se generaría un problema tremendo, porque los inmigrantes tendrían
que hacer sus envíos en forma ilegal. La mayoría de ellos no están bancarizados
y, además, si recurren a un banco, los requisitos y costos que les imponen lo
hacen una alternativa poco atractiva para ellos”, afirmó el presidente de More
Chile, Carlos Grossman.
A diferencia de lo que
ocurre en otros mercados, donde se han establecido regulaciones para la
actividad de las firmas que intermedian el envío de dinero -como en Estados
Unidos donde deben contar con una licencia-, en Chile hay desconocimiento, falta
de normativas y de supervisión.
“Este escenario genera
una serie de dificultades para los operadores. Muchos de ellos son filiales de
empresas extranjeras, las que han adoptado y aplican los estándares de
fiscalización y auditorías de sus casas matrices.
Así como nuestra
legislación respecto de la inmigración necesita adaptarse a las nuevas circunstancias,
también es necesario actualizar nuestras políticas respecto de la industria de
remesas”, informó el economista y director ejecutivo del Encuentro, Luis
Eduardo Escobar.
La falta de regulación y
el desconocimiento que hay sobre este mercado, incluso a nivel de los
organismos del Estado, se traduce en dificultades para operar y en la negativa
de muchos bancos a abrir cuentas corrientes a las remesadoras.
En este escenario, el
experto adelantó que las empresas del sector están evaluando la opción de generar
instancias de autorregulación. Esto permitiría adoptar, de común acuerdo, estándares
internacionales de comportamiento que sean certificables y den garantías de su
cumplimiento a los usuarios y contrapartes.
De esta manera se
aseguraría la calidad y podrían disminuir el costo de los servicios a los
usuarios, minimizando la reticencia de las contrapartes del sistema financiero,
nacional e internacional, a operar con las remesadoras locales que participen
del sistema.
“Las empresas remesadoras, están aquí para quedarse porque desarrollan una actividad
necesaria y bien valorada por sus usuarios. Lo que cabe es que entre el Estado
y los privados diseñemos un sistema que permita el desarrollo de esta actividad
de forma competitiva y segura para todos los involucrados, especialmente los
inmigrantes”, enfatizo Escobar.
