Esta
iniciativa ingresó al Congreso el 7 de junio con suma urgencia.
La
ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo,
destacó que “esta ley da respuesta a una solicitud que levantaron los propios
trabajadores y trabajadoras de la cultura, quienes ahora podrán beneficiarse
con la asimilación de los servicios culturales a los profesionales.
Esto
permite que los servicios culturales queden exentos de IVA, aun cuando los
prestadores no tengan un título profesional. Agradecemos la voluntad del
Ministerio de Hacienda, de los propios gremios y de las y los parlamentarios
para avanzar junto al Ministerio de las Culturas en este proceso que hoy nos
tiene celebrando esta buena noticia”.
La
subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, valoró la disposición de los
parlamentarios para tratar con premura esta iniciativa.
“Agradecemos el apoyo de parlamentarios y
parlamentarias que nos permitieron mejorar el proyecto durante la tramitación y
cuyo objetivo es no discriminar negativamente a quienes prestan servicios en el
ámbito cultural, ya que al no poder acreditar sus conocimientos con un título
profesional o técnico no califican como sociedades de profesionales y por tanto
están impedidos de acceder a la exención de IVA contemplada en la Ley N° 21.420
para dichas sociedades, que rige desde enero de 2023”.
El
proyecto define a los servicios culturales como aquellos vinculados
directamente con la investigación, formación, mediación, gestión, producción,
creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio entre
otras, comprendiendo a las actividades relacionadas con la producción
audiovisual, musical y de artes escénicas; las exhibiciones e intervenciones de
artes visuales y artesanía; obras o montajes escénicos; edición de libros;
seminarios, charlas, conferencias y talleres de formación, relacionados con la
actividad artística cultural.
También incluye a aquellas actividades que
conduzcan al conocimiento, acceso, reconocimiento, revitalización y
salvaguardia de los patrimonios.
También
establece que las distintas formas de asociatividad del sector cultural,
artístico y patrimonial puedan exceptuarse del pago IVA siempre que
corresponden a sociedades o empresas que
cumplan con los siguientes requisitos:
Estar conformadas exclusivamente por personas naturales, siempre que
trabajen efectivamente en la prestación de servicios culturales
Que el conjunto de los ingresos que perciba la sociedad de actividades
distintas a la prestación de servicios culturales no exceda el 35% del total de
sus ingresos brutos del giro
Que predomine el trabajo personal por sobre el empleo de capital
Las dos últimas especificaciones fueron incluidas como indicaciones en
la Comisión de Cultura y Deportes del Senado.
Asimismo, accederán a este beneficio las cooperativas conformadas
exclusivamente por personas naturales, quienes deberán trabajar efectivamente
en la prestación de servicios culturales; y entidades sin fines de lucro como
corporaciones y fundaciones, organizaciones comunitarias funcionales,
organizaciones de interés público, asociaciones gremiales, y asociaciones de
funcionarios de la Administración del Estado.
El
Servicio de Impuestos Internos (SII) será el encargado de calificar un servicio
como cultural, así como fiscalizar el correcto cumplimiento de los requisitos
para la aplicación de la exención.
Para
ello, podrá solicitar a las asociaciones culturales, la información que estime
necesaria, y al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio un informe u
opinión sobre una actividad en particular para efectos de poder calificar un
servicio como cultural, el que deberá ser emitido en un plazo de 30 días
hábiles. Para acceder al beneficio, las asociaciones culturales deberán
inscribirse en un registro del SII, lo cual empezará a regir a contar del 1° de
enero de 2024).
Este
proyecto de ley surgió del trabajo coordinado entre febrero y mayo por los
ministerios de Las Culturas y Hacienda, junto a diversas organizaciones
gremiales del mundo de la cultura, para asimilar el tratamiento tributario al
que estaba sujeta la prestación de este tipo de actividades con las sociedades
de profesionales.
La mesa se centró en diagnosticar y discutir las principales problemáticas tributarias del sector y avanzar en la creación de un proyecto de ley que atendiera las demandas sectoriales.
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