En este contexto, la Superintendencia ejerce
un rol fundamental, actuando como facilitadora en los procedimientos de
Renegociación de personas deudoras y como entidad fiscalizadora de los sujetos
que administran los procedimientos, velando por su efectividad, transparencia y
cumplimiento de la normativa.
Durante abril, la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) celebra 12 años
desde su constitución e inicio de actividades en el marco de la Ley N.º 20.720,
normativa que tuvo como eje fomentar el emprendimiento como motor de la economía
nacional, contribuyendo a la mayor realización de las personas.
Para ello, resultaba necesario
contar con un órgano fiscalizador dotado de potestades públicas que permitieran
velar por la eficiencia de los procedimientos y el cumplimiento de la
legislación aplicable en cada caso.
Uno de los grandes cambios
generados por esta ley fue precisamente la adecuación de los procedimientos
concursales permitiendo por primera vez que las personas naturales accedieran a
estos procedimientos.
Por esta razón, entre otras,
desde su entrada en vigencia se ha observado un aumento significativo en el
número de procedimientos concursales iniciados, en comparación con el antiguo
régimen de quiebras contemplado en el Libro IV del Código de Comercio, tendencia
que se ha intensificado luego de la entrada en vigor de la Ley N.º 21.563, el
11 de agosto de 2023, que modernizó la Ley N.º 20.720 e incorporó nuevos
procedimientos concursales para personas naturales, micro y pequeñas empresas.
En este contexto, desde que
comenzó a regir la Ley N.º 20.720 y hasta febrero de 2026, se han registrado
65.889 procedimientos concursales iniciados, de los cuales un 80% corresponde a
personas naturales.
Estas cifras dan cuenta de la
magnitud de los procedimientos tramitados en el sistema concursal y de la
relevancia del rol que ha correspondido a la Superintendencia en su
supervisión, regulación y facilitación, en el marco de sus competencias
legales.
La Superintendenta (S) Johana
Álvarez Ahumada, destacó que “en estos 12 años hemos fortalecido el rol
fiscalizador de la Superir, velando por la efectividad y transparencia de los
procedimientos, impulsando soluciones para personas y empresas que enfrentan
situaciones de sobreendeudamiento o insolvencia y avanzando desde el estigma de
"quiebra", hacia un sistema orientado a acompañar a las personas
naturales y empresas en la búsqueda de nuevas oportunidades, que fue uno de los
principales objetivos del cambio legal de 2014”.
Evolución de los Procedimientos Concursales
Al revisar el impacto en
personas, los datos de los últimos doce años dan cuenta de un total de 15.679
usuarios que han accedido al procedimiento de Renegociación de la Persona
Deudora, lo que les ha permitido acordar nuevas condiciones de pago, reducir su
carga financiera y cumplir con sus obligaciones sin perder sus bienes.
Otras 37.750 personas han
accedido al mecanismo judicial de Liquidación de Bienes, una herramienta que,
desde el punto de vista del deudor, busca extinguir los créditos existentes al
momento del inicio del procedimiento, siempre que se cumpla con la normativa
concursal vigente.
En cuanto a las empresas,
entre 2014 y febrero de este año, se registran 546 procedimientos concursales
de Reorganización, proceso que busca la continuidad de negocios viables
mediante la reestructuración de sus activos y pasivos. Asimismo, se han iniciado
11.914 procedimientos concursales de Liquidación.
Historia de la Superir
Con la Ley 20.720, la Superir
fue la continuadora legal de la ex Superintendencia de Quiebras y se relaciona
con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, dando paso a una de sus transformaciones más relevantes desde 1979,
cuando se reorganizó como Sindicatura Nacional de Quiebras, dependiente del
Ministerio de Justicia.
El nombre de la
Superintendencia fue definido en línea con uno de los principales objetivos del
cambio legal de 2014, que fue terminar con la estigmatización de aquella
persona que fracasa en un emprendimiento, asociado históricamente al concepto
de quiebra.
En esa lógica, nació un nuevo servicio
público, con mayores facultades y un enfoque centrado en las personas, que
fortaleció la atención directa a usuarios a lo largo del país, mediante la
instalación de oficinas regionales desde Arica a Punta Arenas, acercando
orientación, acompañamiento y respuestas oportunas a quienes enfrentan
situaciones de insolvencia.
Este enfoque se refleja en su
quehacer institucional: en estos 12 años, las y los funcionarios de la
Superintendencia han realizado 254.781 atenciones, de las cuales 182.147 han
sido presenciales, 61.370 telefónicas y 11.264 telemáticas, evidenciando un despliegue
sostenido que ha permitido acercar el Estado a las personas en situaciones de
insolvencia.
La evolución de la institución
ha estado marcada por un proceso sostenido de modernización y fortalecimiento
de sus funciones.
Por una parte, se ha ampliado
la oferta de servicios en línea, facilitando el acceso de usuarios en todo el
país; por otra, se ha consolidado su rol fiscalizador mediante la
implementación de un modelo de fiscalización basada en riesgos, que permite
focalizar los esfuerzos donde existe mayor riesgo de incumplimiento y,
adicionalmente, se ha fortalecido su rol regulador a través de la dictación de
normativas e instrucciones de carácter general que contribuyen a dotar de mayor
claridad, uniformidad y certeza al sistema.
Este enfoque integral ha
permitido reforzar el control sobre el actuar de Liquidadores, Veedores,
Interventores, Martilleros Concursales, Síndicos de Quiebras y Asesores
Económicos de Insolvencia, promoviendo el cumplimiento de la normativa,
resguardando la transparencia y otorgando mayor certeza jurídica a todos los
intervinientes, junto con asegurar la correcta aplicación del sistema
concursal.
De esta forma, la Superintendencia continúa consolidando su rol en el fortalecimiento de un sistema concursal moderno, transparente y orientado a las personas.
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