“El llamado es
a construir pactos sociales para la igualdad”, dijo hoy Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva del organismo regional, durante el lanzamiento del
informe en la sede regional de Santiago de Chile.
“Por casi una década, CEPAL ha posicionado a la
igualdad como fundamento del desarrollo.
Hoy,
constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de
Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos
y ciudadanas acceso a sistemas integrales y universales de protección social y
a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y
transporte.
La disminución de la desigualdad de ingresos es clave
para retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir las metas
establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la Agenda 2030. “Es
necesario crecer para igualar e igualar para crecer.
Por otra parte, “la superación de la pobreza en la
región, no exige solamente crecimiento económico ya que este, debe estar
acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, dice la
CEPAL en el estudio presentado en conferencia de prensa.
El
documento, destaca el crecimiento de los estratos de ingresos medios, aunque
estos siguen experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en
relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos, alerta la
Comisión.
Entre
2002 y 2017, la participación de los estratos de ingresos bajos en el total de
la población disminuyó de 70,9% a 55,9% (porcentaje que incluye a las personas
en situación pobreza extrema, pobreza y en estratos bajos no pobres).
A
su vez, la participación de los estratos de ingresos medios (divididos en
medios-bajos, medios-intermedios y medios-altos) creció del 26,9% al 41,1%. De
esta forma, el 76,8% de la población de América Latina pertenece a estratos de
ingresos bajos o medios-bajos, subraya la CEPAL. Por último, las personas
pertenecientes a los estratos de ingresos altos pasaron del 2,2% al 3,0%.
Del
total de la población adulta perteneciente a los estratos de ingresos medios,
más de la mitad no había completado la enseñanza secundaria en 2017; el 36,6%
se insertaba en ocupaciones con alto riesgo de informalidad y precariedad
(trabajadores por cuenta propia no profesionales, asalariados no profesionales
en la microempresa y en el servicio doméstico); y solo la mitad de las personas
económicamente activas estaba afiliada o cotizaba en un sistema de pensiones.
El
perceptor principal de ingresos laborales de estos estratos percibe en promedio
664 dólares mensuales, mientras que en los estratos bajos este ingreso
desciende a 256 dólares.
Así,
el informe evidencia que una alta proporción de la población de ingresos medios
experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral y un alto grado
de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el
desempleo, por la caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como
enfermedades graves y desastres.
“La pobreza en América Latina tiene rostro de niños y
niñas”, aseveró hoy la Secretaria Ejecutiva al analizar los datos del Panorama.
Siguiendo la
tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la
población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras
que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a
30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la CEPAL.
Esto significa que aproximadamente 185 millones de
personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza en 2018, de los cuales 66
millones de personas estaban en la pobreza extrema, indica el Panorama
Social de América Latina 2019.
En
2019, el número de personas en la pobreza aumentaría a 191 millones, de los
cuales 72 millones estarían en la pobreza extrema. Destaca, en esa evolución,
el hecho de que prácticamente todas las personas que se suman este año a la
estadística de la pobreza se integran directamente a la pobreza extrema.
El
alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza entre 2014 y 2018 en el promedio
regional se explica básicamente por el incremento registrado en Brasil y
Venezuela.
En
el resto de los países la tendencia dominante en ese período fue hacia una
disminución, debido, principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en
los hogares de menores recursos, pero también a transferencias públicas de los
sistemas de protección social, y privadas, como las remesas en algunos países.
La
pobreza afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas
indígenas y afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes
están desempleados.
El estudio de la CEPAL también señala que la
desigualdad en la distribución del ingreso -expresada en el índice de Gini con
base en las encuestas de hogares- ha continuado su tendencia a la baja (en
promedio cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países), pero a un
ritmo menor que en años recientes: mientras entre 2002 y 2014 se redujo 1,0%
anual, entre 2014 y 2018 la caída fue de 0,6% por año.
No obstante, si se corrige el índice de Gini
utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los ingresos
del 1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al
descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a partir de las
encuestas de hogares.
En Chile (dato para 2015), la participación del 1% más
rico en el ingreso total, también medida por las encuestas de hogares,
alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6% considerando la información de
los registros tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos
financieros y no financieros menos pasivos) y en Uruguay (dato para 2014) las
proporciones también aumentan: 7,3% (con encuestas de hogares), 14% (información
tributaria) y 17,5% (riqueza neta).
Por otra parte, el Panorama Social de América
Latina 2019 señala que el gasto social del gobierno central aumentó de
10,3% a 11,3% del PIB entre 2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público
total. América del Sur tiene el promedio de gasto público social más alto de la
región (13,2% en 2018), mientras que en Centroamérica, México y República
Dominicana esa cifra es de 9,1%.
En el Caribe, el gasto social promedio respecto al PIB
es más alto (12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de 2014, con un peso
equivalente a 43,2% del gasto público total. El estudio alerta que justamente
aquellos países que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la
Agenda 2030 son los que presentan niveles más bajos de gasto social.
Finalmente, el documento llama a atender las causas
estructurales de la migración y a reforzar la cooperación multilateral para
asegurar la protección social y la inclusión social y laboral de las personas
migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio.
Entre 2010 y
2019, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de
30 a 40,5 millones, lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel
mundial. Entre 2000 y 2019, la proporción de migrantes intrarregionales aumentó
de 57% a 70% del total.
Las remesas desempeñan un papel importante en el
alivio de la pobreza en varios países, plantea el documento. En El Salvador,
Guatemala, Honduras y República Dominicana, la incidencia de la pobreza sobre
el total de la población sería entre 1,5 y 2,4 puntos porcentuales más elevada
si no fuera por estas transferencias de dinero.
En
el informe, la CEPAL enfatiza que para erradicar la pobreza y reducir la
desigualdad y la vulnerabilidad de los estratos de ingresos bajos y medios son
necesarias políticas de inclusión social y laboral.
También
se requiere un mercado de trabajo que garantice empleo de calidad y
remuneraciones dignas, eliminar las barreras de inserción laboral de las
mujeres y fortalecer el desarrollo de sistemas integrales y universales de
protección social en el marco de Estados de Bienestar centrados en los derechos
y la igualdad.
